Fiscalía judicializó a 18 presuntos integrantes de una red que se apropiaba de terrenos en el Atlántico

La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías elementos materiales probatorios contra 18 presuntos integrantes de una red señalada de apropiarse ilegalmente de terrenos en Soledad (Atlántico) para comercializarlos a terceros.

Según el ente acusador, la organización se aprovechaba de cargos públicos que desempeñaban varios de los posibles implicados, adueñándose, al parecer, irregularmente de dos terreros privados y dos públicos, destinados para la construcción de un parque vecinal y un megacolegio, que superaban en extensión los 11.000 metros cuadrados y ascendían en valor a 2.900 millones de pesos. 

La entidad aseveró que, en el curso de la investigación se estableció que para quedarse con los predios del Estado, fueron presentados documentos falsos que reconocían de manera gratuita la cesión del bien por parte de la autoridad local a un tercero.

"En un trabajo articulado por varios Fiscales de la Dirección Especializada contra la corrupción, se imputaron a los 18 presuntos integrantes de la red, de acuerdo con su posible participación y rol ejercido, los delitos de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, peculado por apropiación, prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, estafa agravada, urbanización ilegal, invasión de tierras, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. Los cargos no fueron aceptados", aseguró la Fiscalía en un comunicado.

En una interceptación telefónica, se escucha, de acuerdo con la Fiscalía, a procesados hablar de la entrega de recursos económicos para obtener presuntamente documentos con información falsa y quedarse con un terreno:

Ciudadano uno: "El registrador me mandó a pedir cinco barras".
Ciudadanos dos: ¡¿sí?!  
Ciudadano uno: Sí, señor.
Ciudadano dos: ¿Con Javier?
Ciudadano uno: Con Javier, me llamó Javier hoy. Ajá, doctor, ¿qué más? El doctor se quedó esperando, y yo le dije: mira, eh, Javier, este negocio ha sido el negocio más triple, ¿tú crees que después que salió la resolución que me dio el triunfo, como yo todo el tiempo lo planee, como yo todo el tiempo lo prometí y después que se dio el desbloque, tú crees que a mí me han dado para una bolsa de agua?

El ente acusador, indicó que, los abogados que harían parte del entramado de corrupción, al parecer, realizaban las gestiones administrativas con escrituras públicas, resoluciones administrativas y licencias urbanísticas falsas, que posteriormente eran registradas para transferir fraudulentamente las propiedades. 

"En uno de los eventos delictivos identificados se estableció el pago de una coima al asesor de la secretaría de Gobierno de Soledad. Se identificó en los eventos de las ocupaciones ilegales de predios del Estado (cesión de zona verde y cesión de área de equipamiento) que varios funcionarios calificaran y validaron registros para el cambio de titularidad de los predios afectados, expidieron autos, conceptos, resoluciones o escrituras basadas en información ilegal, y reconocieran querellas de posesión o acreditaran la tenencia ilegal del predio", afirmó.

Igualmente, aseveró que, de paralela auspiciaron la invasión de la zona, la construcción de casas rudimentarias y la comercializaban de los lotes a personas de buena fe con el supuesto de que realizarían proyectos urbanísticos, cuando en realidad se trataba de un engaño.

Los involucrados

Las personas que estarían involucradas son: la notaria segunda de Barranquilla (Atlántico), Ana Dolores Meza Caballero; el notario único de Santo Tomás (Atlántico), Francisco María Mejía De La Hoz; el abogado de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Soledad.

Andrés Rafael Diazgranados Cruz; los servidores de la Oficina de Registro de Instrumento Públicos, David de Castro Macías, Juan Manuel Ucros Ucros, José Luis Pacheco Terán e Iván Carlos Páez Redondo; la exinspectora de Policía, Neisy Esther Cantillo del Toro; y el inspector de policía, Marlon José Mora Montesino. 

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De igual manera, figuran los abogados José Luis Márquez Monterrosa, Alex Manuel Ahumada Diaz y Rafael Enrique Bossio Pinzón; y los particulares Ismael Cárcamo Albarino, Inés Aminta Salas Palencia, Wilmar Machuca Caicedo, Luis Miguel Martínez Montañez, Luis Fernando Peñaloza Rojas y Roque José Lugo Herrera.