Deuda del Gobierno a Afinia supera los $400.000 millones, pese a pago parcial de subsidios

Aunque el Gobierno Nacional realizó recientemente un importante desembolso de recursos correspondientes a los subsidios de energía de 2024 y ya tiene apropiadas las partidas para el primer trimestre de 2025, la situación financiera de Afinia, filial del Grupo EPM, sigue siendo preocupante.

Así lo advirtió John Maya Salazar, gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), durante una intervención en la que analizó los retos de sostenibilidad del servicio en la región Caribe.

“El Gobierno ya se puso al día con los subsidios del 2024, lo cual fue una inyección muy importante de capital”, señaló Maya Salazar, quien también destacó que el apoyo del Estado es vital para que la empresa pueda seguir operando y cumpliendo con obligaciones inmediatas como la compra de energía. Sin embargo, fue enfático en advertir que "la deuda en este momento puede estar del orden de unos 400.000 a 500.000 millones de pesos", una cifra que según Maya, refleja la magnitud de los retos estructurales que enfrenta la compañía.

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El gerente de EPM también indicó que el pago de los subsidios no es una dádiva, sino una obligación legal del Gobierno nacional. “Los subsidios no son porque sí o porque quieren; es una obligación porque están dentro de la ley”, afirmó, y agregó que aunque los recursos del primer trimestre de 2025 ya están apropiados, es crucial que se mantenga esa regularidad en los pagos.

Maya también llamó la atención sobre las causas estructurales del problema. Aseguró que más allá de los desembolsos, la sostenibilidad de Afinia depende de reducir las pérdidas de energía —que hoy están en el orden del 27%— y mejorar los niveles de recaudo, que apenas alcanzan entre el 60% y 65%.

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En ese contexto, defendió la expansión del sistema prepago de energía como una solución viable y adecuada a las condiciones socioeconómicas de la región. “Con 5.000 o 10.000 pesos diarios, las personas pueden ir comprando energía sin llegar a cuentas acumuladas imposibles de pagar”, explicó. Esta modalidad, según él, ya muestra buenos resultados en la Costa Caribe y podría ser clave para la viabilidad futura del servicio.

Finalmente, Maya hizo un llamado a la responsabilidad compartida de todos los actores institucionales y sociales. “Aquí han venido más de cinco operadores de red desde hace 20 años y todos se han tenido que ir. Esto es un negocio que tiene que ser rentable y sostenible. ¿Quién va a invertir en un negocio que va perdiendo plata toda la vida?”, concluyó.