La Contraloría anunció investigación de responsabilidad fiscal porque el contrato supone un detrimento patrimonial para el distrito.
Alcaldía de Cartagena
29 Sep 2020 10:32 AM

A manos de la Fiscalía General de la Nación llegó el caso de la Primera Dama del Distrito Cynthia Pérez Amador

Rafa
Guerra
@rafaguerrah
Ahora será la Fiscalía la que entre a investigar este sonado caso para determinar si hay faltas o no.

Luego de la denuncia ante la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, por presunto prevaricato donde la Primera Dama Cynthia Pérez Amador habría tomado posesión del cargo con documentos falsos, se suma la de Ruby Torrejano, representante legal de la empresa Ruby Torrejano ACRS 

Torrejano le ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que se investigue el caso debido a que asegura que nunca suscribió un contrato con Cynthia Pérez Amador, para que esta aportara una certificación de experiencia laboral en su hoja de vida para lograr la firma del contrato que tiene en tela de juicio a la actual administración, cuyo pilar es la lucha contra la corrupción.

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Además la denunciante dice que la firma que aparece en dicha certificación laboral, no es la suya, lo cual se podría convertir en el presunto delito de falsedad en documento público. 

Ahora será la Fiscalía la que entré a investigar este sonado caso, en el que de comprobarse las supuestas faltas cometidas por Pérez Amador y los funcionarios involucrados, entre ellos el mismo Alcalde William Dau, se podría convertir en el más duro golpe a la administración anticorrupción.  

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Como se recordará, la Contraloría Distrital emitió el concepto de que la Primera Dama estaría incurriendo en un posible detrimento patrimonial de 33 millones de pesos, ya que el salario asignado a Cinthya Pérez Amador está muy por encima de lo que le permite su formación académica y experiencia.

“Su salario está en el rango de $2’200.000 y para este tipo de contratación de prestación de servicio tendría que reunir unos requisitos académicos y unos requisitos en tiempo, y adicionalmente a eso las obligaciones que realiza el contratista deben estar destinadas a asesorías en temas cívicos, científicos, culturales y sociales”, dijo el ente de control.