Vicecontralor General, Carlos Mario Zuluaga, en Riohacha.
20 Nov 2025
04:43 PM
Contraloría declara responsabilidad fiscal por escándalo en programa de ollas comunitarias para La Guajira
El ente de control evidenció que el valor contratado no correspondía a los costos reales del servicio.
El vicecontralor General de la Nación, Carlos Mario Zuluaga, desde Riohacha, anunció una responsabilidad fiscal, por 1.100 millones de pesos, en el programa de ollas comunitarias, ejecutadas en el departamento de La Guajira, tras identificar presuntos sobrecostos que superarían los 1.000 millones de pesos dentro de una inversión total que superó los 5.140 millones.
De acuerdo con el vicecontralor, la entidad encontró inconsistencias significativas en los valores contratados para la operación del programa, lo que llevó a cuestionar el costo real del servicio que debía beneficiar a comunidades vulnerables del departamento.
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“Lo que evidenciamos es un valor contratado que no coincide con los costos reales del servicio. Por eso se determinó una responsabilidad fiscal que debe ser resarcida”, señaló el funcionario.
En el marco de estas investigaciones, la Contraloría también informó que los implicados fueron vinculados como presuntos responsables fiscales, mientras la entidad avanza en la recuperación de los recursos y se constituye como víctima dentro de los procesos penales que adelanta la Fiscalía.
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El organismo de control reiteró que estos hallazgos buscan garantizar que los recursos destinados a la atención social en el departamento se ejecuten de manera transparente y eficiente, evitando que se repitan prácticas que afecten a las comunidades.
Decisión
El miércoles, la Contraloría General imputó responsabilidad fiscal por $9.573 millones en un proceso relacionado con la compra de los primeros 40 carrotanques adquiridos por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a la empresa Impoamericana Roger S.A.S.
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Según el organismo, la empresa “sobrestimó el valor de los vehículos en la cotización y no ejecutó prestaciones obligadas”, mientras que algunos pagos se hicieron “sin que existieran soportes de cumplimiento”. Los carros, además, fueron recibidos en enero de 2024, pese a que debían haberse entregado en noviembre de 2023.
