Tras el acuerdo preliminar alcanzado en Doha, Catar el 5 de diciembre entre el gobierno nacional y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, líderes de víctimas en Córdoba expresaron que solicitarán al presidente Gustavo Petro aplazar la concentración de los combatientes del grupo ilegal, prevista para el 1 de marzo de 2026, porque según los voceros, podría incidir negativamente en el proceso electoral en los territorios, donde se elegirán representantes a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz.
En esta fase inicial que, de acuerdo con lo acordado por las partes, los diálogos estarán enfocados en avanzar en la disminución de los factores de violencia en las regiones más afectadas por las acciones de esa organización al margen de la ley, que en Córdoba, concentrará integrantes en Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré,
Para el coordinador de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Arnovis Zapata, la concentración de combatientes en poblaciones de esos municipios, cuando está en desarrollo la campaña electoral para las elecciones legislativas que se realizarán el 8 de marzo, podría ser aprovechado por el grupo ilegal para constreñir a la ciudadanía, bajo el amparo de los diálogos de paz y favorecer candidatos.
“En Córdoba, para nadie es un secreto que el Clan del Golfo ha tenido políticos aliados en elecciones a diferentes corporaciones, como en la elección de la curul de paz en 2022, y como lo ha venido haciendo, este año seguirá obligando a votar por sus candidatos, no solo en la circunscripción especial, sino para las otras curules en Cámara de Representantes y al Senado, utilizando los puntos de concentración señalados en el acuerdo firmado con el gobierno, para intimidar y presionar a la población”, expresó el líder social.
Igualmente, el defensor de derechos humanos y candidato a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, José David Ortega expresó que el gobierno debe aplazar la concentración del Clan del Golfo.
“Creo que el acuerdo firmado en Catar, que amplía el espacio de conversación socio-jurídico es un paso muy positivo, sin embargo, teniendo en cuenta los vínculos que políticos de Córdoba han tenido con grupos paramilitares, los cuales están probados porque en este departamento, varios excongresistas han sido condenados por parapolítica, considero que no es conveniente que se desarrolle el reagrupamiento de combatientes en plena campaña para el Congreso de la República, porque el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, desde hace varios años tiene alianzas con los clanes políticos y presionan a las comunidades en épocas electorales” precisó.
Además, el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, Cervelión Cogollo, dijo que apoya totalmente los avances en ese proceso de paz y que el gobierno debe garantizar transparencia durante todo el proceso electoral a las poblaciones rurales que conforman la Circunscripción Especial de Paz.
“Como víctimas del conflicto exigimos que el proceso para la elección de la curul de paz se haga con total transparencia, esa curul es única y exclusivamente para las víctimas y sus comunidades que han sufrido la violencia, porque merecen tener representatividad en el Congreso y sus voces no sigan siendo silenciadas. Necesitamos que las diferentes entidades del Estado relacionadas con las elecciones brinden garantías en los territorios”, indicó el líder campesino.
Las denuncias de los voceros de víctimas por el posible constreñimiento en las Zonas de Ubicación Temporal, surge por la fuerte presencia del grupo ilegal en Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré, en cuyas áreas rurales se elegirá un representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz.
En Córdoba, las organizaciones de víctimas del paramilitarismo han denunciado que el Clan del Golfo sigue intimidando a las poblaciones campesinas en el sur del departamento, por lo que temen, que esta organización emergente de las Autodefensas Unidas de Colombia utilice los espacios de concentración para constreñir al electorado en las elecciones de Congreso.
Con relación al accionar de ese grupo, recientemente, el gobernado Erasmo Zuleta, hizo un llamado al grupo ilegal para que deje de extorsionar, como una forma de generar confianza en el proceso de paz. Según las autoridades policivas, en los 30 municipios cordobeses, el EGC, extorsiona a comerciantes, ganaderos y contratistas de obras públicas. También tiene entre sus actividades el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.
Con la concentración del Clan de Golfo, el sur Córdoba nuevamente se convierte en escenario de diálogos de paz, en la zona se han desmovilizado grupos como la guerrilla del Ejército Popular de Liberación en 1991; los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, en 2005 y en 2016, guerrilleros de las Farc se concentraron en ese territorio, previo a la dejación de armas. Para este proceso, el municipio cordobés de Tierralta, junto a Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, fueron definidas como Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, para la eventual desmovilización de combatientes.
Los voceros de las víctimas expresaron que, aunque reconocen la importancia del acuerdo y la trascendencia para una región históricamente afectada por la violencia y la necesidad de las Zonas de Ubicación Temporal para avanzar en las negociaciones de paz, esperan que el gobierno aplace el inicio de la concentración de combatientes en esos espacios, para una fecha posterior a las elecciones de Senado y Cámara de Representantes.
Además de cinco municipios de Córdoba escogidos como espacios de diálogos, el EGC se concentrará transitoriamente en Mutatá, Cáceres, El Bagre y Nechí, en Antioquia; El Carmen y San Jacinto, en Bolívar y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, en este proceso de paz, cuyas conversaciones exploratorias realizadas en Catar, ha contado con la participación de España, Noruega y Suiza, con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos, OEA.