Audiencia virtual contra el exdiputado Nicolás Petro, en Barranquilla.
Según el defensor, la fiscal del caso habría configurado transgresiones a los principios de imparcialidad.
Ante Luz Adriana Niño, fiscal General de la República, Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro, interpuso una denuncia penal en contra de Lucy Laborde, fiscal del caso.
En un documento de 15 páginas, con fecha del 8 de septiembre, Carranza, señala a Laborde de la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción y omisión, también por revelación de secreto, fraude procesal y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
Según el defensor, la fiscal del caso habría configurado transgresiones a los principios de imparcialidad, reserva procesal y lealtad institucional.
Carranza explicó que, desde el mes de marzo de 2023, Nicolás Petro Burgos conoció, a través de publicaciones de medios de comunicación que se adelantaban indagaciones preliminares en su contra relacionadas con supuestos dineros entregados por personas con antecedentes
Indicó que, Petro se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación, para ponerse a disposición de cualquier investigación.
"Esta actuación temprana fue conocida por la doctora Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien desde entonces tenía claro que mi representado contaba con apoderados judiciales dispuestos a participar en todas las diligencias procesales. Sin embargo, en lugar de garantizarle participación efectiva, la Fiscalía optó por activar un proceso a partir de informantes y fuentes humanas reservadas carentes de sustento real, que derivó en una captura y allanamiento con base en información manipulada.
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La defensa de Petro también relata lo ocurrido el 29 de julio de 2023, en desarrollo de la primera investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, donde la Fiscalía ejecutó la captura de Petro.
"Durante el operativo, se grabaron imágenes en las que apareció desnudo y dichas imágenes fueron filtradas a medios de comunicación, exponiéndolo al escarnio público".
La defensa denunció formalmente "esta vulneración de la dignidad humana"; mientras que, la Procuraduría General de la Nación reprochó el procedimiento, y finalmente, motivó que la recusación presentada contra el fiscal Mario Andrés Burgos fuera aceptada, siendo relevado del caso "por falta de garantías de imparcialidad".
"En consecuencia, no es a la doctora Lucy Marcela Laborde Betancourt a quien se le puede endilgar la responsabilidad inicial de esa filtración, pues no era la fiscal del caso en ese momento. Sin embargo, sí resulta inexcusable que, conociendo la gravedad de lo ocurrido, las denuncias penales, los reproches de la Procuraduría y las manifestaciones de la defensa, hoy repita la misma lógica de actuación irregular: iniciar indagaciones a espaldas de la defensa y filtrar información reservada, esta vez no a una periodista, sino a una candidata presidencial".
En este sentido, señaló que, el 6 de septiembre de 2025, Vicky Dávila, en su cuenta de X, informó que se formularía una nueva imputación contra el exdiputado del Atlántico y posteriormente, publicó, un formato oficial de la Fiscalía en el que se registraba la radicación, solicitando imputación y medida de aseguramiento.
"Dicho documento, de carácter reservado, solo podía encontrarse bajo custodia de la fiscal Laborde".
El jurista recordó que, la semana anterior, la Procuraduría General de la Nación le compulsó copias disciplinarias, adicional a las que ya le había enviado la jueza 13 penal con función de garantías, "que en audiencia descubrió que estaban filtrando la información de la audiencia, a pesar de ser reservada".
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