Bajo la excusa de protestas, instalan retenes ilegales en carreteras del Atlántico

Las recientes protestas registradas en diferentes puntos del departamento del Atlántico han derivado en una situación que preocupa a las comunidades y a los usuarios habituales de las vías: la instalación de retenes ilegales y el cobro de dinero a conductores a cambio de permitirles el paso. Habitantes y viajeros frecuentes denuncian que, bajo el pretexto de reclamaciones sociales, se estarían cometiendo actos de extorsión que afectan gravemente la movilidad y la seguridad vial en la región.

El pasado martes 6 de enero se presentaron al menos dos bloqueos significativos. El primero ocurrió desde tempranas horas de la mañana en el peaje de Sabanagrande, donde un grupo de manifestantes exigía la implementación de tarifa cero en la caseta. Horas más tarde, cerca del mediodía, se reportó otro bloqueo en la vía del corregimiento de Bohórquez, jurisdicción del municipio de Campo de la Cruz, situación que provocó una fuerte congestión vehicular en el sur del Atlántico.

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Aunque inicialmente estas manifestaciones fueron presentadas como reclamos comunitarios, miembros de la comunidad y usuarios frecuentes de las carreteras aseguran que las protestas estarían siendo utilizadas como fachada para instalar retenes clandestinos. En estos puntos, grupos de personas bloquean el paso con ramas, objetos improvisados y barricadas, permitiendo el tránsito únicamente a quienes acceden a entregar dinero en efectivo.

Cristian Lozano, personero del municipio de Concordia y usuario recurrente de estas vías, aseguró en diálogo con un medio local, que la situación se ha vuelto cada vez más frecuente y preocupante. “No son propiamente de la comunidad, sino personas desadaptadas las que inician los bloqueos. No lo hacen como una protesta social ni pacífica, sino para extorsionar a los transeúntes, a las personas que van en su vehículo, e incluso han sido capaces de hurtar”, afirmó el funcionario.

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Según Lozano, aunque el bloqueo del pasado martes fue justificado por la supuesta falta de agua en la zona, este tipo de argumentos se repite de manera recurrente. Indicó que presuntos integrantes de bandas provenientes de municipios como Suan, Campo de la Cruz, Bohórquez, Candelaria y Ponedera aprovechan coyunturas como fallas en el suministro de agua o energía eléctrica para cerrar las vías y obtener beneficios económicos.

Durante una reportería realizada por este medio, se pudo evidenciar que, de manera simultánea al bloqueo en la vía de Bohórquez, también se presentaban retenes ilegales en la carretera que conduce a Candelaria. En un tramo inferior a un kilómetro, varios grupos, en su mayoría jóvenes, impedían el paso de vehículos y exigían pagos a los conductores para dejarlos continuar su recorrido.

La problemática no se limita al departamento del Atlántico. En el vecino departamento del Magdalena, viajeros también reportan situaciones similares. William Rafael Jiménez Vargas, vendedor ambulante de 72 años, relató que desde hace más de dos décadas se dedica a esta actividad y que con frecuencia debe cruzar el puente Pumarejo para abastecerse de mercancía.

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Jiménez aseguró que en múltiples ocasiones ha sido víctima de bloqueos arbitrarios y retenes ilegales. “Eso pasa mucho después del puente Pumarejo, en el corregimiento de Palermo. Ahí se ponen y le cobran a uno entre cinco mil y diez mil pesos para dejarlo pasar”, explicó.

El adulto mayor señaló que estos cobros representan un golpe directo a su sustento diario. “Me afecta porque el dinero no está fácil de conseguir, y si a uno le toca darle cinco mil o diez mil pesos que ellos piden por el pase, ya es bastante complicado”, expresó, al tiempo que advirtió que la situación se ha agravado con los años.

Las denuncias reiteradas ponen en evidencia un problema de orden público que va más allá de la protesta social y que exige la intervención de las autoridades. Comunidades y usuarios de las vías hacen un llamado urgente para que se garantice la libre movilidad, se investigue a los responsables y se evite que estas prácticas ilegales continúen afectando la seguridad y el trabajo de cientos de personas que transitan diariamente por estas carreteras del Caribe colombiano.