Canal del Dique
30 Nov 2025
01:50 PM
Gobernador del Atlántico exige a la ANI pago de $492.000 millones para evitar inundaciones en el Canal del Dique
La suspensión del dragado amenaza la estabilidad hidráulica y acelera el deterioro de la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen.
El megaproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique atraviesa una grave crisis financiera debido a un retraso en los pagos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que ya supera los seis meses.
El gobernador del Atlántico y presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, Eduardo Verano de la Rosa, envió una carta formal al presidente de la ANI, Óscar Javier Torres, en la que solicita la priorización y el pago inmediato de las obligaciones contractuales pendientes con el concesionario Ecosistemas del Dique S.A.S. – Sacyr Concesiones.
Según el gobernador del Atlántico, la ANI adeuda $492.381 millones por actividades ejecutadas desde junio de 2025, generando intereses moratorios que afectan el patrimonio público.
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“Hoy Sacyr tiene un atraso en sus pagos de más de 6 meses de casi 500.000 millones de pesos. Evidentemente, el contratista no va a poder ir al ritmo que requiere para terminar las obras a tiempo”, advirtió Verano.
El mandatario alertó que la parálisis o ralentización de los trabajos compromete el cronograma del proyecto, considerado vital para los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre.
Obras críticas en riesgo
La deuda corresponde a actividades esenciales de la fase inicial, entre ellas:
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Dragado de mantenimiento para asegurar la navegabilidad y controlar la sedimentación.
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Obras de protección de orillas para evitar colapsos de taludes.
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Intervenciones hidráulicas para reducir riesgos de inundaciones.
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Programas sociales y ambientales con las comunidades ribereñas.
Verano subrayó que el mayor riesgo recae en la capacidad de regulación del sistema hídrico.
“Tenemos que cumplirle a Sacyr para que nos cumpla entregándonos las dos exclusas, que son vitales para regular las aguas del Canal del Dique”.
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Impactos potenciales en Cartagena:
La exclusa de Puerto Badel es clave para garantizar el suministro constante de agua a la ciudad. La falta de regulación podría incluso obligar al cierre de la dársena que permite la navegabilidad alrededor de Cartagena.
Es de resaltar que, más de 1,5 millones de habitantes en el sur del Atlántico, Bolívar y Sucre quedarían expuestos a inundaciones, afectaciones en vivienda, seguridad alimentaria y sus medios de vida.
La suspensión del dragado amenaza la estabilidad hidráulica y acelera el deterioro de la Bahía de Cartagena, la Ciénaga de la Virgen y otros cuerpos de agua sensibles.
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Riesgos jurídicos y financieros
La RAP Caribe advirtió que el incumplimiento expone al Estado a:
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Reclamaciones contractuales.
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Procesos arbitrales e indemnizaciones millonarias.
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Una eventual liquidación anticipada del contrato.
Finalmente, el gobernador y presidente de la RAP Caribe indicó que esto implicaría pérdidas fiscales y patrimoniales de gran magnitud, y pidió a la ANI convocar de inmediato una mesa de conciliación y acuerdo de pago, con acompañamiento de la entidad regional.
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La RAP reiteró su compromiso con la protección del interés general y alertó que decisiones de aplazamiento presupuestal podrían derivar en consecuencias irreversibles para la región Caribe.
