Aprobado el CONPES para construcción de plantas desalinizadoras en Santa Marta

El Gobierno Nacional declaró de importancia estratégica el proyecto de construcción de dos plantas desalinizadoras en Santa Marta, al aprobar el Documento CONPES 4159. Esta decisión, que habilita la asignación presupuestal y el respaldo fiscal de la Nación, convierte el acceso al agua en una prioridad nacional y marca un avance histórico en la política pública de saneamiento básico.

El documento, aprobado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, consolida el compromiso institucional con una de las obras más ambiciosas de la región Caribe. El proyecto contempla la construcción de dos plantas desalinizadoras: una en el corregimiento de Taganga  y otra en el sector sur de la ciudad.

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El respaldo financiero fue garantizado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), que avaló vigencias futuras excepcionales por un total de $786.032,78 millones, con los cuales se financiará el 70 % del proyecto. Los recursos serán distribuidos progresivamente entre los años 2026 y 2030: $47 mil millones en 2026, $255 mil millones en 2027, $231 mil millones en 2028, y $163 mil millones en 2029 y 2030, asegurando la ejecución continua y sostenida de las obras.

Las desalinizadoras forman parte de una estrategia integral del Ministerio de Vivienda que articula seis ejes de acción: plan de choque, gestión de la demanda, plan maestro de acueducto y alcantarillado, asociación público-privada, obras del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y las propias plantas desalinizadoras. Este enfoque interinstitucional involucra al DNP, la CRA, la ANI, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Empresa de Servicios Públicos del Distrito y la Alcaldía de Santa Marta.

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Con la aprobación del CONPES 4159, Santa Marta da un paso trascendental hacia la sostenibilidad hídrica y el desarrollo equitativo. Este proyecto no solo representa una inversión sin precedentes en infraestructura, sino también un compromiso del Estado colombiano con el bienestar de sus ciudadanos y con la garantía de un recurso vital en una de las zonas más afectadas por la escasez de agua en el país.