Portón de acceso a playa en Taganga, Santa Marta, desata polémica por posible privatización del espacio público

La instalación de un portón en la vía principal de acceso a la playa de Duncarica, en el sector de Taganga, ha generado una fuerte controversia en Santa Marta. Vecinos del área aseguran que la medida busca controlar el consumo de estupefacientes durante las noches, mientras otros habitantes y visitantes advierten que podría tratarse de una restricción indebida a un espacio históricamente público.

De acuerdo con denuncias de miembros de la comunidad, el portón ya fue instalado y es visible para quienes transitan a diario por el sector. Según explican, la zona se ha convertido en punto recurrente para el consumo de drogas, lo que ha afectado la tranquilidad de las familias que residen en el lugar.

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“Es un sitio retirado, con poco patrullaje, y muchas personas lo han tomado como una olla para el consumo de marihuana y otras sustancias. Eso genera un impacto negativo directo sobre quienes vivimos allí”, señaló un vocero comunitario, quien insistió en que la fuerza policial en el corregimiento resulta insuficiente para cubrir sectores alejados del casco urbano.

Sin embargo, otros habitantes y usuarios del sector expresan preocupación por el cierre del acceso, al considerar que se estaría vulnerando el derecho al libre tránsito y sentando un precedente de privatización de un corredor que conduce a una playa. Recuerdan, además, que existen normas y resoluciones de la Dirección General Marítima (Dimar) y de la Capitanía de Puertos que establecen el carácter público de las playas y de sus accesos.

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Aunque Duncarica no es considerada una playa turística masiva como la bahía de Taganga o Playa Grande, el lugar es frecuentado por caminantes, amantes del senderismo y visitantes que se desplazan de a pie hacia este sector, rodeado de cerros y riscos.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial de las autoridades distritales sobre la legalidad del portón ni sobre si será retirado. La comunidad se pregunta si la decisión corresponde a particulares o si se trata de una acción concertada para enfrentar problemas de convivencia ante la falta de vigilancia permanente.

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Frente a la polémica, la Secretaría de Gobierno del Distrito de Santa Marta informó que iniciará un proceso policivo tras la denuncia presentada, con el fin de adelantar el debido proceso y dirimir una posible perturbación, mientras se evalúa si la medida vulnera derechos colectivos o normas sobre el uso del espacio público.

El caso abre el debate sobre la seguridad en sectores turísticos de Taganga, el alcance de las decisiones comunitarias y la responsabilidad del Estado en garantizar tanto la convivencia ciudadana como el acceso libre a las playas.