Fiscalía inscribió medidas cautelares de embargo a bienes de dos ex alcaldes de Santa Marta

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, dio detalles de la  inscripción hecha por esta unidad  ante la Oficina de Instrumentos Públicos las medidas cautelares de embargo, secuestro de  11 bienes del gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez,  ex-alcalde de Santa Marta.

Según el ente de control los bienes estarían avaluados en más de 766 millones de pesos que según el ente investigador habrían sido adquiridos con recursos producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, en el Distrito de Santa Marta y que según, sólo uno fue terminado.

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Los hechos se dieron entre el 2012 y el 2019 tiempo en que el Carlos Caicedo y Rafael Martínez fueron elegidos por votación popular como  alcaldes del Distrito Turístico, cultural e histórico de Santa Marta.  

En el comunicado emitido por la Fiscalía se habrían suscrito un contrato el cual no fue culminado 

“La Fiscalía investiga a Caicedo Omar porque durante su gestión como alcalde de la ciudad (2012 - 2015), tanto él como su sucesor, Rafael Alejandro Martínez (2016 - 2019), suscribieron contratos que fueron cuestionados y representaron una renta ilícita de $4.129 millones de pesos.”

Los bienes afectados por esta medida cautelar se encuentran en la ciudad de Barranquilla y Santa Marta, serían dos predios en la capital del Atlántico, un local comercial en Soledad, dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta.

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La Fiscalía indicó que Las propiedades, que figuran a nombre de los ex-alcaldes y terceros, serán ocupados una vez termine el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional con motivo del Covid - 19.

Carlos Caicedo actualmente ostenta el cargo de gobernador elector del Magdalena y Rafael Martínez como secretario de infraestructura de departamento frente, al hecho los dos funcionarios públicos aún no se pronuncian y realizan contacto con sus abogados para conocer detalles del tema.