Allanan casa de Benedetti en Lagos de Caujaral y se desata polémica por presunto abuso de poder

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025”, afirmó Benedetti en sus redes sociales. 

Durante el operativo, los agentes se desplegaron con gran visibilidad: camionetas y motocicletas de alto perfil policial se apreciaban en los alrededores de Lagos de Caujaral mientras se desarrollaba la diligencia.  Además, el ministro denunció que a su esposa le fue requisado el celular y que se habrían vulnerado derechos de sus familiares, incluida la investigación de más de 50 parientes, entre ellos menores de edad. 

Desde el Gobierno Nacional, tanto el Ministerio de Justicia y del Derecho como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) emitieron comunicados de respaldo al ministro Benedetti y expresaron “solidaridad institucional” ante los hechos denunciados.  En dichos comunicados se señaló la necesidad de que las actuaciones judiciales respeten “la legalidad, la proporcionalidad y la transparencia” para proteger los derechos fundamentales del ministro y su familia. 

Por su parte, la magistrada Cristina Lombana, estrechamente vinculada al proceso contra Benedetti, ha sido objeto de recusaciones por parte del ministro en el pasado, quien la acusa de parcialidad, lo que agrava la tensión institucional entre la Rama Judicial y el Ejecutivo. 

El contexto del procedimiento se inserta en una serie de investigaciones que la Corte Suprema había adelantado contra Benedetti. Entre los más destacados se encuentra el caso del extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE), por el cual el ministerio ya está siendo llamado al juicio.  Ahora, con el allanamiento de la residencia en Lagos de Caujaral, el foco mediático y político se intensifica.

Los analistas señalan que el impacto del caso puede tener varias dimensiones: por un lado, pone en escena la independencia de la Corte Suprema frente al poder político; por otro, plantea preguntas sobre los límites del procedimiento judicial cuando involucra a altos funcionarios del Estado y sus hogares. También se abre un debate sobre la transparencia de la propiedad y los vínculos económicos en el entorno del ministro, toda vez que la mansión allanada se mencionó como arrendada bajo figura de leasing con opción de compra. 

Por ahora, no se han dado a conocer resultados públicos de incautaciones de documentos o elementos del inmueble respecto al allanamiento. El ministro insiste en que “no van a encontrar nada” y que el procedimiento obedece a una venganza política.  La Corte Suprema, por su parte, no ha emitido declaración oficial detallada sobre el desarrollo de la diligencia.

El allanamiento en la residencia del ministro Armando Benedetti en Lagos de Caujaral marca un nuevo capítulo de confrontación entre poderes públicos en Colombia. Mientras el ministro denuncia persecución política y vulneración de derechos, la Corte Suprema avanza en las investigaciones por presuntos delitos de alto nivel. La visibilidad del caso y su impacto sobre la percepción de la justicia y la política hacen de esta diligencia un asunto de repercusión nacional. Será clave observar cómo se desarrollan los pasos siguientes del proceso y si la diligencia arrojará resultados que permitan nuevas fases de investigación o el cierre del expediente.