La mansión de Benedetti en Lagos de Caujaral: la historia detrás del nuevo escándalo político
El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se revelara que vive en una lujosa mansión en el exclusivo sector Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico), una zona donde las propiedades pueden costar entre $2.500 y $15.000 millones.
La controversia creció porque, según la investigación del abogado Camilo Enciso, la residencia habría pertenecido anteriormente al empresario Alex Saab, señalado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro y procesado por lavado de activos.
La propiedad y las dudas sobre su adquisición
De acuerdo con la investigación, el inmueble fue adquirido mediante un contrato de leasing habitacional con el banco Colpatria, en el que figura como firmante Jaime Berdugo, actual viceministro del Interior y excolaborador de Euclides Torres, empresario mencionado en el caso de Nicolás Petro.
El detalle generó cuestionamientos públicos sobre cómo accedió Benedetti a una propiedad de ese nivel, teniendo en cuenta que su salario oficial es de $26,8 millones mensuales, cifra inferior al costo promedio de los arriendos en esa zona residencial.
De la “quiebra” a una mansión millonaria
La controversia también se alimentó por antecedentes recientes del ministro. En el pasado, Benedetti se declaró en “quiebra” ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando dificultades financieras.
Además, su nombre ha sido mencionado en la Lista Clinton, lo que agrava las suspicacias sobre la procedencia de los recursos con los que ocupa la lujosa residencia.
Benedetti se defiende y anuncia acciones legales
Tras la publicación de los reportes sobre su vivienda, Benedetti respondió asegurando que “todo lo que se ha dicho es mentira” y que interpondrá denuncias penales contra quienes, según él, han difundido información falsa sobre su lugar de residencia y patrimonio.
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Un caso con ecos políticos
El episodio reaviva el debate sobre la transparencia de los altos funcionarios y el manejo de sus bienes, especialmente en medio de las investigaciones por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que rodean a varios aliados políticos en la región Caribe.