Capturados excoordinadora del CTI de Barranquilla, hijo de una fiscal y un investigador por presunta red de corrupción

En un operativo adelantado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional, fueron capturados Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI de Barranquilla; Abraham Muñoz Guerra, hijo de una fiscal; y Yarin Ernesto Pareja Marimón, investigador del mismo cuerpo técnico.

De acuerdo con la información suministrada por el ente acusador, los tres estarían involucrados en una presunta red de corrupción judicial que operaba desde la capital del Atlántico, y que habría cometido graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas.

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Los capturados fueron señalados de los delitos de concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública, cargos relacionados con hechos ocurridos en julio de 2024, cuando se habrían realizado procedimientos judiciales irregulares en el departamento del Magdalena.

Según la investigación, los procesados participaron en una diligencia judicial en la Alcaldía de Sitionuevo (Magdalena), en la que presentaron supuestas órdenes de allanamiento falsas. Durante esta actuación, habrían sustraído información confidencial sobre contratos públicos y posteriormente intentado extorsionar al alcalde del municipio, exigiéndole 140 millones de pesos para detener un supuesto proceso en su contra por corrupción.

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Las pruebas recopiladas por la Fiscalía y la Policía Judicial apuntan a que los implicados abusaron de sus cargos y del acceso privilegiado a los sistemas informáticos institucionales para obtener información reservada, falsificar documentos oficiales y ejercer presiones indebidas con fines económicos.

El juez Primero Promiscuo Municipal de Sitionuevo, Magdalena, legalizó las capturas de los tres implicados este martes y declaró las audiencias preliminares de carácter reservado, mientras continúan las diligencias judiciales.

Las autoridades mantienen en curso una investigación más amplia para determinar si existen otros funcionarios o particulares involucrados en la red, así como posibles vínculos con casos previos de corrupción administrativa en la región Caribe.

Este caso ha generado gran conmoción en los círculos judiciales del Atlántico, dado que involucra a funcionarios activos y exintegrantes del CTI, una entidad encargada precisamente de la investigación de delitos. De confirmarse las acusaciones, se trataría de un grave acto de corrupción institucional que vulnera la confianza ciudadana en los organismos de justicia.

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