Enviado al Bosque de Barranquilla
17 Jul 2023
06:16 PM
Declaran insubsistente a procurador provincial de Barranquilla por traslado de Emilio Tapia
Por este caso también fue suspendido otro funcionario público.
Jorge Antonio Vásquez, procurador provincial de Barranquilla fue declarado insubsistente, por parte de la Procuraduría General de la Nación, al parecer, por emitir oficios al Ejército, solicitando acelerar el traslado del empresario Emilio Tapia al batallón Vergara y Velasco de Malambo, Atlántico.
De acuerdo con el Ministerio Público, Vásquez es un funcionario de libre nombramiento, a quien se le adoptó esta medida. En este proceso, también fue suspendido el funcionario Óscar Obeso, a quien se le inició una investigación interna.
Entre tanto, Tapia quien está acusado por presuntos actos de corrupción se encuentra recluido en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, a la espera de la orden de un juez para su traslado. El 14 de Julio, la Procuraduría Provincial de Instrucción de la capital del Atlántico revocó los autos en los cuales, se solicitaba el traslado del contratista hacia el Batallón Vergara y Velasco.
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De esta manera, desautorizó los oficios dirigidos a los oficiales del Ejército Nacional, encargados de la guarnición militar, en los que se les solicitaba cumplir de forma inmediata la orden.
El contratista es acusado por la Fiscalía como uno de los cerebros en el entramado de Centros Poblados, que comprometió recursos por orden de los $70.000 millones, de forma anticipada, para hacer una obra de siete mil millones en zonas rurales del país.
Según el ente acusador, Tapia pagó un soborno a un agente de seguros para que le gestionara una garantía bancaria, al parecer, falsa para que la Unión Temporal Centros Poblados pudiera quedarse con el contrato, convenio que le costó el cargo, a la entonces ministra TIC, Karen Abudinen.
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Ante estos señalamientos, Tapia está privado de la libertad desde el año 2021. Entre tanto, el empresario denunció a la exministra Abudinen por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación.
