27 emergencias humanitarias y más de 24 mil víctimas deja la violencia en el sur de Bolívar: Defensoría

La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta sobre la crítica situación humanitaria en el sur de Bolívar, una región que, según el organismo, se ha convertido en epicentro de la violencia entre grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio en la Serranía de San Lucas.

De acuerdo con el informe, durante el 2025 se han registrado 27 emergencias humanitarias en la zona, con 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos de comunidades. Más de 24 mil personas han resultado afectadas, especialmente en los municipios de Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal del Sur, Morales, Cantagallo y Río Viejo.

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La Defensoría advierte que los grupos armados —entre ellos el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC— están utilizando a la población civil como escudo humano, presionando a las Juntas de Acción Comunal y restringiendo la movilidad de las familias.

En Santa Rosa del Sur, por ejemplo, fueron secuestrados el pasado 3 de octubre Armando Uriel Ávila Chávez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Robles, y Alberto Montero Hernández, junto a su compañera Karen Tatiana Alfonso, quien posteriormente fue liberada.

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Además, el organismo reporta ataques con drones, presencia de minas antipersonal, destrucción de viviendas y ocupación de escuelas por parte de los grupos armados.

La Defensoría del Pueblo advirtió que estas acciones constituyen graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y exigió una acción integral del Estado para proteger la vida, la integridad y la dignidad de las comunidades.

El documento concluye haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional, garantizar el desminado humanitario y asegurar el retorno digno y seguro de las víctimas que hoy resisten en medio de la guerra.

A esta alerta se le suma la situación de desplazamientos reportados en las últimas semanas en Arenal del sur, cientos de familias salieron de la zona rural al casco urbano de este municipio. Algunos de ellos ya retornaron al territorio pero aseguran no tener garantías de seguridad para permanecer en el mismo.