Alcaldes y gobernadores advierten sobre crisis por alimentación de presos: Corte Constitucional cita mesa urgente

La tensión entre los entes territoriales y el Gobierno Nacional por el traslado de nuevas responsabilidades aumenta, esta vez por cuenta de la inminente entrada en vigor de la Ley 2346 de 2024, que obliga a alcaldías y gobernaciones a asumir, desde el 1 de julio, la alimentación de personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue enfático al rechazar la medida y denunció que el Estado central continúa delegando competencias sin garantizar financiación.

“No podemos seguir aceptando más responsabilidades sin plata. El Estado central ha asumido que los territorios están llenos de dinero. El 89% de lo que recaudamos se queda en la Nación. ¿Cómo se supone que debemos atender esta obligación sin recursos?”, señaló el mandatario. 

Le puede interesar: Nueva consulta popular se radicaría el próximo lunes: MinTrabajo

Turbay agregó que actualmente el Distrito ya hace un esfuerzo importante para cubrir los gastos de alimentación de personas retenidas en estaciones de Policía, lo que ha puesto presión sobre el presupuesto local.

En la misma línea se pronunció el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien hizo un llamado al Gobierno a respetar los principios de descentralización fiscal:

“Reclamamos descentralización con recursos. No nos pueden seguir asignando competencias como el PAE o la comida para presos sin darnos los medios para financiarlas. Esto puede desencadenar una crisis humanitaria”.

Corte Constitucional convoca mesa de urgencia

Frente a la creciente preocupación de las regiones, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, anunció la conformación de una mesa de trabajo que se reunirá el próximo lunes con la participación de la ministra de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, así como alcaldes y gobernadores de las principales ciudades, entre ellos los de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Bolívar.

Lea también: “Petro quiere hacer politiquería”: oposición buscará hundir la nueva consulta popular

“Vamos a examinar cómo adoptar una decisión pronta y eficaz que garantice los derechos de la población privada de la libertad y evite un problema de orden público si esto no se soluciona”, indicó Ibáñez.

El magistrado también respaldó las quejas de los mandatarios regionales 

“Se han transferido unas competencias a las entidades territoriales, pero no se han transferido los recursos para cumplirlas. Desde la Corte hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional para que garantice los derechos de los presos”, indicó. 

Con solo semanas antes de que la medida entre en vigor, la preocupación en los territorios crece, ante lo que ya varios mandatarios califican como un riesgo grave de colapso institucional y de violación masiva de derechos humanos si no se toman correctivos inmediatos.