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La ANT tendrá hasta hoy, viernes 16 de febrero, para responder a la Procuraduría sobre las reglas en procesos contractuales.
La Procuraduría General de la Nación alertó por la incertidumbre y el “limbo jurídico” en el que se encuentran los arrendatarios de las Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, a quienes ya se les venció el plazo contractual con la Agencia Nacional de Tierras(ANT), siguen pagando cánones de arrendamiento, pero aún no se les definen las nuevas condiciones contractuales.
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Por tal motivo, el Ministerio Público requirió a la ANT, para que en un plazo perentorio e inmediato, atienda las dudas y preocupaciones ante la falta de claridad jurídica e informalidad en la manera en que se adelantan los procesos de contratación para los nuevos acuerdos de arrendamiento y sobre los procedimientos emprendidos para la recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
Para la Procuraduría es preocupante, la situación de los contratos de ocupación vencidos en diciembre de 2023 y que debían entregarse el 3 febrero de 2024, disposición sin resolver a pesar de que ya se estableció la norma regulatoria que define los parámetros y condiciones para los nuevos procesos de contratación desde febrero del año anterior.
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La Procuraduría recalcó en que las advertencias y recomendaciones emitidas en su vigilancia preventiva no implican coadministración o intromisión en las decisiones estatales.
