En el Cesar, 12 funcionarios están en la mira por beneficiarse irregularmente de la Agencia Nacional de Tierras

Desde Valledupar, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República reveló que 12 personas, entre ellas funcionarios y contratistas, están bajo investigación por presuntamente beneficiarse de manera irregular a través de actos administrativos emitidos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Según explicó el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, estas personas fueron inscritas en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) como posibles beneficiarios de tierras a título gratuito, pese a no cumplir con los requisitos de vulnerabilidad exigidos por la ley. “No puede ser que personas con ingresos y contratos millonarios aparezcan como beneficiarias de tierras que están destinadas a campesinos vulnerables”, advirtió.

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Los señalados son Alvy Luz Ortiz Rocha, Dirlianis Andrea Gámez Urrego, Nixon Emiro Saldaña Quintero, Jorge Gustavo Sierra León, Andrea Carolina Navarro Serna, Edgar Mauricio Villarreal, Nelson Rafael Peñaranda, William Genrri Montoya Villarreal, Miladis Luisiana Pino Vuelvas, Liliana Almanza Dorado, Alcides Rafael Araujo Molina y Rafael Enrique Ramírez Contreras.

La Secretaría compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que se determinen las responsabilidades por presuntos delitos como falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y falsedad para la obtención de beneficios indebidos, además de faltas disciplinarias relacionadas con el incumplimiento de funciones públicas.

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Este anuncio contrasta con las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, quien durante su visita reciente a Valledupar aseguró que no existían irregularidades en el Cesar relacionadas con funcionarios beneficiados.
    
Idárraga reiteró que la directriz del presidente Gustavo Petro es clara: la tierra debe entregarse exclusivamente a quienes realmente lo necesitan, en el marco de los principios de justicia social y transparencia institucional que orientan la reforma agraria del Gobierno Nacional.

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