La JEP adelanta en Valledupar Audiencia Pública de Verificación por falsos positivos del Batallón La Popa en Cesar y La Guajira

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desarrolla en Valledupar, la Audiencia Pública de Verificación del subcaso Costa Caribe del Caso 03, que investiga los falsos positivos cometidos por el Batallón La Popa entre 2002 y 2005 en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, explicó que esta diligencia busca “verificar si los 12 exintegrantes del batallón procesados por 135 asesinatos y desapariciones forzadas han cumplido sus compromisos de verdad y reparación”. Asimismo, precisó que se evalúa la viabilidad técnica, logística y económica de nueve proyectos restaurativos, para lo cual se cuenta con el apoyo de 17 entidades nacionales, departamentales y municipales.

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Durante la jornada del jueves, las víctimas tuvieron un papel central al expresar sus exigencias y sentimientos en este proceso. Alex José Mercado, uno de los comparecientes, expresó: “Hoy estoy frente a todas estas madres a las que tanto dolor causamos, dándoles la cara”.

Por su parte, Laura Vanessa Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña, pidió que los compromisos de verdad no se queden en palabras: “Que las evaluaciones sobre los aportes de verdad no se queden en el discurso y que los encuentros entre víctimas y comparecientes se concreten en sentencias con fechas, lugares y metodologías claras”.

Alexandra Chacín, hermana de Saulo Posada, reclamó conocer quién dio las órdenes para los asesinatos: “¿Quién nos acreditan como víctimas y en qué forma nos van a reparar? ¿Quiénes les daban la orden a ustedes para asesinar a sangre fría? Tenemos derecho a saberlo”. También solicitó al Gobierno “un nicho para los cuerpos exhumados del cementerio de Valledupar que no han sido identificados”.

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Otra víctima relató el profundo impacto emocional y social que ha sufrido desde el asesinato de su hijo dentro del batallón: “Nosotros, las víctimas, seguimos siendo lo último y deberíamos ser el centro de todo”.

Ramelli indicó que esta audiencia es clave para “evitar sentencias de papel y asegurar que las sanciones sean viables”. Una vez finalizada, la JEP tendrá 30 días hábiles para emitir la sentencia que impondrá las sanciones propias a los comparecientes.
 

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