Personeros ganan batalla jurídica y logran desmonte del régimen tarifario especial de energía en la Costa Caribe

En un hecho de impacto nacional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) reformuló de manera definitiva el componente de comercialización del servicio eléctrico, eliminando los sobrecostos tarifarios que, desde 2019, afectaban a millones de usuarios en la región Caribe. La decisión se tomó en cumplimiento de una Acción Popular presentada por los personeros de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, y marca el fin del régimen tarifario transitorio que durante años generó alzas desproporcionadas en las facturas de energía.

Durante la sesión 1388 del pasado 30 de mayo, la CREG dejó sin efecto cobros adicionales como el 20% de los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) y las pérdidas no técnicas (asociadas al robo de energía), que encarecían significativamente el servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

“Les cumplimos a los ciudadanos del Caribe. Con esta decisión se acaban los abusos mensuales con tarifas impagables que afectaban gravemente a nuestras comunidades”, declararon Edwar Orozco, personero de Santa Marta, y Miguel Ángel Alzate, personero de Barranquilla.

Según cálculos de la CREG, los 2.7 millones de usuarios atendidos por la empresa Air-e verán una disminución estimada de $54 por kilovatio hora en sus facturas mensuales, lo que representa un ahorro anual cercano a los $282.000 millones. Los efectos también alcanzarán a usuarios de Afinia en Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar, quienes dejarán de pagar aproximadamente $114.000 millones al año, con una reducción de $23/kWh en sus facturas.

En el ámbito nacional, la medida permitirá que los colombianos en su conjunto se ahorren alrededor de un billón de pesos anuales en el costo del servicio eléctrico.

La medida obedece a la decisión del magistrado Jorge Fandiño Gallo, del Tribunal Administrativo del Atlántico, quien ordenó el ajuste tarifario tras considerar que el régimen especial vulneraba el derecho colectivo de acceso a un servicio público esencial en condiciones justas. Desde 2024, la CREG ha venido desmontando las reglas diferenciales que impactaban negativamente a la región Caribe, en una serie de medidas que incluyen:

-Flexibilización de inversiones de operadores que han cumplido metas de calidad.

-Convocatoria a subastas de reconfiguración de Obligaciones de Energía Firme (2025–2028).

-Redefinición de precios del Cargo por Confiabilidad.

-Medidas para facilitar compras de energía regulada por parte de empresas intervenidas.

-Incentivos a la entrega de excedentes de energía de autogeneradores.

-Flexibilización de contratos de largo plazo para reducir compras en bolsa.

Los personeros agradecieron el respaldo de diversas instituciones, entre ellas la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, el Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, la Asociación Colombiana de Ingenieros del Atlántico, el Comité Intergremial del Atlántico, congresistas, alcaldes y expertos del sector eléctrico.

“Este es un logro colectivo. Fue un ejercicio de unión regional en defensa de nuestros derechos”, señalaron Orozco y Alzate.

Tras el alivio tarifario, el reto inmediato es asegurar la continuidad del servicio en medio de la delicada situación financiera de Air-e, uno de los principales operadores en la región. El llamado ahora es al Gobierno Nacional para que, junto con la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas y Energía, garantice la prestación eficiente, sostenible y de calidad del servicio de energía en el Caribe colombiano.