
Procuraduría investiga erosión del río Magdalena y uso ilegal de ferry en Salamina
La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre posibles riesgos para la población y la infraestructura en Salamina, Magdalena, por la falta de control institucional frente a una crítica situación ambiental y de movilidad fluvial.
En una actuación preventiva que involucra a varias delegadas regionales y judiciales, la Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente a la Alcaldía de Salamina, Magdalena, un informe detallado sobre las acciones y gestiones administrativas emprendidas para hacer frente a dos problemáticas que amenazan a este municipio ribereño: la continuidad de la operación de un ferry sin presunta autorización legal, y la grave erosión fluvial del río Magdalena que compromete tanto a la comunidad como a obras de infraestructura pública.
La solicitud se realizó en el marco de una reunión de seguimiento celebrada en la Gobernación del Magdalena, en la que se advirtió sobre la posible operación del ferry sin los permisos exigidos por las autoridades competentes, como el Ministerio de Transporte y CORMAGDALENA. Este hecho, además de implicar posibles irregularidades administrativas, podría poner en riesgo una obra ejecutada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), cuyo objetivo es garantizar el tránsito y la conectividad del municipio con otras regiones.
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La erosión del río Magdalena en esta zona ha sido un problema recurrente, con antecedentes de colapsos viales, afectación a viviendas y riesgo permanente para los habitantes. Las autoridades ambientales y de transporte han alertado en el pasado sobre la necesidad de intervenir de manera estructural para evitar desastres mayores, pero hasta el momento las soluciones han sido paliativas y temporales.
En este contexto, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla, la Procuraduría Regional del Magdalena y la Procuraduría Judicial Ambiental, abrió una actuación preventiva para ejercer control sobre el manejo institucional de esta problemática. La entidad busca verificar si se están cumpliendo los principios de legalidad, planeación, precaución y protección al medio ambiente en las decisiones relacionadas con la operación del ferry y el manejo de la franja ribereña en riesgo.
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El Ministerio Público enfatizó que esta actuación se realiza en cumplimiento de su función de control preventivo, con el fin de evitar afectaciones mayores a los derechos fundamentales de la población, así como a la infraestructura pública del municipio.
La situación en Salamina es considerada como un reflejo de los desafíos estructurales que enfrentan muchos municipios ribereños del país, donde el desborde de los ríos y la informalidad en la prestación de servicios de transporte fluvial se combinan para crear escenarios de alto riesgo social, ambiental e institucional.