Municipio Malambo
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12 Nov 2020 01:52 PM

Abren investigación contra diez concejales de Malambo por aparente pacto para ser mayoría

William
Vargas Velasco
@WillVargas05
Uno de los cabildantes denunció que le cobraron 330 millones de pesos por retirarse.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a 10 concejales de Malambo, Atlántico (2020-2023), por la presunta suscripción en una notaría de un pacto para integrar las mayorías políticas en el recinto, y el aparente establecimiento de una millonaria cuota como medida de presión para evitar la deserción del acuerdo.

La medida cobija a los cabildantes Yesica Jassir Miranda, Milena Rodríguez Charris, María Castro Gutiérrez, Elver Espinosa Polo, Jhonis González Ortega, Yair de la Cruz Valera, David Fábregas Araujo, Alejandro Barrios de Alba, Gustavo Ladrón de Guevara y Jair González Tinoco.

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El Ministerio Público busca determinar si los investigados firmaron en la Notaria 12 de Barranquilla el “Pacto por la solidaridad y el progreso de Malambo”, con el que aparentemente pretenderían constituirse en las mayorías políticas en la corporación para la toma de decisiones.

Asimismo, investiga si los concejales estarían cobrando $330 millones a uno de los cabildantes, quien también es investigado, por aparentemente retirase del acuerdo, luego de firmar una letra de cambio en blanco que presuntamente se haría efectiva contra cualquiera que se saliera del pacto.

La Procuraduría Provincial de Barranquilla ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

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Los funcionarios podrán solicitar ser escuchados en versión libre para establecer las responsabilidades en estos hechos. 

En los últimos días el municipio de Malambo se ha visto inmerso en escándalos políticos, recientemente la Procuraduría General de la Nación abrió la investigación contra el exalcalde Efraín Bello por la presunta omisión en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en un predio adquirido por mil trescientos millones de pesos.