A la cárcel mujer señalada de explotar sexualmente a su nieta con docente Universitario

Un juez con funciones de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural contra Ingrid María Meza Cantillo, de 59 años, señalada de haber facilitado la explotación sexual de su nieta, una menor de apenas 13 años, en hechos ocurridos en el barrio Evaristo Sourdís de Barranquilla.

La mujer fue imputada por el delito de proxenetismo con menor de edad en circunstancias de agravación punitiva, tras una investigación que inició luego de denuncias de vecinos y un hallazgo médico que alertó a las autoridades.

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Según el expediente, residentes del sector alertaron a las autoridades sobre movimientos sospechosos en la vivienda donde residía la menor. Posteriormente, al ser llevada a un centro asistencial por problemas de salud, los médicos le detectaron una enfermedad de transmisión sexual, lo que encendió las alarmas sobre un posible caso de abuso.

La captura de Meza Cantillo fue realizada por unidades de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, con el apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

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Durante las investigaciones, se logró establecer que la abuela habría entregado a la menor, en reiteradas ocasiones, a Pablo Rambal Pacheco, un docente de la Universidad del Atlántico, quien presuntamente accedió a la niña en varias ocasiones entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Rambal Pacheco fue capturado y presentado ante un juez, quien le dictó también medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de:

• Acceso carnal violento en circunstancias de agravación, y

• Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, ambos con agravación punitiva.

El docente no aceptó los cargos que se le imputan.

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El caso ha generado profundo rechazo en la opinión pública, al tratarse de una presunta red de abuso que involucra a una persona de confianza directa de la menor —su abuela— y a un profesional de la educación.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hubo más personas involucradas o si la menor fue víctima de otros hechos de abuso.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió el restablecimiento de derechos de la menor, quien se encuentra bajo atención médica y psicológica especializada.