
Persocapitales rechaza amenazas contra el personero de Bogotá y otros funcionarios
La Asociación de Personerías Capitales, Persocapitales, rechazó las amenazas de las que han sido víctimas el Personero de Bogotá, Andrés Castro Franco y sus funcionarios por parte de personas privadas de la libertad a través de panfletos denigrantes e intimidatorios contra la labor humanitaria que realiza el representante del Ministerio Público.
"No aceptamos bajo ninguna circunstancia que se coaccione la labor que realizan los funcionarios de la Personería de Bogotá y de igual forma los del Inpec, quienes aparecen en los panfletos intimidatorios", sostuvo.
En el comunicado firmado por Miguel Ángel Álzate, presidente de Persocapitales, indicó que, siempre hay un diálogo abierto enmarcado dentro de la defensa de los derechos humanos. En este sentido, le exigió al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a todos los entes gubernamentales que profundicen las investigaciones e indagaciones para conocer a fondo de dónde provienen las amenazas.
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Para Persocapitales, es hora de que los Ministerios confronten la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los personeros del país "y que ahora se evidencia con esta grave amenaza contra el Personero de Bogotá y sus más cercanos colaboradores como los personeros delegados".
Las amenazas
Las intimidaciones dirigidas contra el personero de Bogotá; la personera auxiliar y dos funcionarios más de esa entidad, así como del Inpec fue por medio de una comunicación y un supuesto 'plan pistola'.
A ellos, les dan un plazo de varias semanas para presentarse en las cárceles La Picota y La Modelo, con el fin de resolver los problemas de derechos humanos que denuncian. De no ejecutarse, les advierten que ejecutarán el plan, y aseguran tener ubicadas a las familias de los funcionarios.
El caso está ante la Fiscalía, mientras la Policía investiga el origen de la intimidación.
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A su turno, Persocapitales reiteró: "Nuestra labor es humanitaria. Que quede claro y por ello que requerimos a las autoridades para que adopten, en el menor tiempo posible, medidas extraordinarias de seguridad y ponerlas a disposición de los defensores de derechos humanos para evitar cualquier acto de violencia por quien ejerce una labor de defender los Derechos humanos y exactamente en las cárceles, carceletas y Unidades de Reacción Inmediatas".