El alcalde había declarado calamidad pública para la firma del contrato.
Procuraduría
7 Jul 2020 10:57 AM

Suspenden a Alcalde de Repelón por firmar un contrato de daños por invierno en época de sequía

William
Vargas Velasco
@WillVargas05
La Procuraduría indicó que el mandatario había declarado calamidad pública.

En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Repelón (Atlántico), Eduardo Polo Mendoza, por una presunta falsedad ideológica en documento público. 

De acuerdo con el Ministerio Público, el mandatario en marzo de 2020 habría certificado la Calamidad Pública al Consejo de Gestión de Riesgo, pero según las investigaciones hizo esta declaratoria sin que presuntamente existieran los requisitos y fundamentos que motivaran la medida. 

Le puede interesar: A 10 asciende el número de fallecidos por explosión de camión cisterna en Tasajera

A raíz de esta decisión se suscribió un contrato de obra pública por un valor de $1.232.910.905, que fue publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Publica, SECOP. Con este contrato suscrito se buscaba mitigar los daños de la temporada de lluvias y las afectaciones del arroyo Bartolo, en un sector del municipio de Repelón.

La Procuraduría comenzó la búsqueda para establecer los motivos jurídicos que soportaron la declaratoria de calamidad pública, que de acuerdo con los establecido en la Ley 1523 de 2012, exige la evidencia de daños y perjuicios a la comunidad.

Lea también: En clínica de Barranquilla murió uno de los heridos de explosión de camión cisterna

Sin embargo, el Ministerio observó que en el Boletín de Predicción Climática y Recomendación Sectorial del IDEAM, proyectó que para los meses de febrero, marzo y abril predominarían en el departamento del Atlántico los estados de humedad secos, y habría una disminución en las lluvias entre el 10 y 20 por ciento para la época de la declaratoria de la calamidad. 

El Alcalde de Repelón será investigado porque habría intervenido en la firma del contrato por más de mil millones de pesos con presunta inobservancia de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa.