Caso Jon Sonen Cartagena, Noviembre 2022.
4 Dic 2025
06:51 AM
Absuelven a policías que sacaron a mujer esposada de local de Jon Sonen en Cartagena
Este echo quedó registrado en videos en los que se muestra a la mujer esposada con sus hijos menores de edad, uno de ellos en brazos.
La Procuraduría General de la Nación revocó la sanción disciplinaria que pesaba sobre dos uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena involucrados en el mediático Caso Jon Sonen, un episodio que desató controversia nacional en 2022 y puso en el centro del debate el uso de la fuerza por parte de la institución en procedimientos con civiles.
El nuevo fallo, emitido por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, absolvió al subintendente Nelson Enrique Martínez Balceiro y a la patrullera Yuliana Jaramillo Mazo, al concluir que su actuación se ajustó a los protocolos operativos diseñados para intervenir en situaciones que afectan la convivencia. En consecuencia, quedó sin efecto la multa que inicialmente se les había impuesto, equivalente a 30 días de salario.
El caso
El episodio ocurrió el 28 de noviembre de 2022 en el almacén Jon Sonen del centro comercial La Serrezuela. Ese día, la ciudadana venezolana Wendy Álvarez acudió al local para reclamar un pago laboral pendiente. Lo que empezó como una discusión terminó escalando hasta convertir el sitio en un foco de tensión, con clientes y empleados testimoniando alteración del orden.
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Según los reportes conocidos en ese momento, Álvarez insistió en permanecer en el establecimiento pese a los múltiples intentos de conciliación por parte del personal y, posteriormente, de los policías que llegaron tras el llamado de los administradores del negocio.
La intervención policial, que incluyó el uso de esposas y el retiro forzado de la mujer mientras sostenía en sus brazos a su hija menor, se viralizó en cuestión de horas. Las imágenes generaron indignación, pronunciamientos desde distintos sectores y una discusión nacional que llevó incluso al presidente Gustavo Petro a cuestionar públicamente el procedimiento.
La empresa Sonen Internacional S.A.S. informó días después que el pago correspondiente a la liquidación laboral —$3.002.500— había sido consignado previamente. Para entonces, el debate ya había escalado hacia interrogantes más amplios: ¿cómo debe la Policía manejar estos episodios en espacios comerciales? ¿Qué nivel de fuerza es admisible cuando hay menores de edad presentes? ¿Debió intervenir previamente un equipo especializado, como Infancia y Adolescencia?
El giro jurídico: la Procuraduría concluye que no hubo falta disciplinaria
Aunque la Procuraduría inicialmente cuestionó la actuación, señalando que pudo haberse gestionado de manera menos confrontativa, la apelación presentada por la defensa de los uniformados —a cargo de la firma Caribe Legal— abrió el camino para una revisión de fondo.
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La Sala de Juzgamiento determinó que:
1. Hubo intentos previos de mediación
Los documentos del fallo indican que los uniformados dialogaron en repetidas oportunidades con Álvarez y le solicitaron retirarse del lugar, orden que no fue acatada. Solo tras agotar esas opciones procedieron a la intervención.
2. El uso de esposas fue un “último recurso operativo”
El análisis disciplinario concluyó que no hubo agresión física ni un uso desproporcionado de la fuerza. Las esposas se emplearon como herramienta para garantizar el cumplimiento de la orden y evitar riesgos adicionales en un espacio concurrido.
3. El testimonio de la propia afectada resultó decisivo
La Procuraduría valoró que Álvarez reconoció no haber sido objeto de maltrato y que, por el contrario, solicitó que la esposaran con las manos adelante para poder cargar a su hija menor. Este punto desmontó uno de los principales cuestionamientos sobre presunto abuso.
Con estos elementos, el órgano de control señaló que la conducta de los uniformados no encajaba en ninguna falta disciplinaria y que la decisión inicial no había valorado integralmente las circunstancias del procedimiento.
La absolución cierra un proceso que se prolongó por casi tres años y que dejó en evidencia en ese momento, la necesidad que tienen incluso las diferentes instituciones, de fortalecer herramientas de mediación, protocolos de atención y mecanismos de revisión rápida en procedimientos policiales.
