Me persiguen con calumnias e injurias: Secretaria General de la Alcaldía de Cartagena por orden de suspensión

La Contraloría Distrital ordenó al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, la suspensión inmediata de la secretaria general, Diana Martínez Berrocal, a quien el ente de control señaló de suscribir los estudios previos que soportan el contrato suscrito entre la Alcaldía y la primera dama Cynthia Pérez Amador.

Frente a esto, el alcalde respondió que esta resolución emitida por la Contraloría Distrital era una decisión arbitraria y lo calificó como una persecución política.

Posteriormente, Martínez Berrocal salió al paso y dijo: “por ser diferente a los mismos corruptos de siempre, hoy huérfanos de contratos y burocracia, me persiguen y atacan con mentiras, calumnias e injurias que buscan destruirme y acabar con el gobierno elegido por los cartageneros. Por lo tanto, no me sorprende la avalancha de ataques que he recibido y que seguramente seguiré recibiendo. Pues es apenas obvio en un gobierno disruptivo como este”.

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Agregó que, “desde mi llegada al cargo, todos han sido testigos como desde diferentes frentes que he sido víctima de ataques políticos y personales, a través de redes sociales; con publicaciones sin ningún tipo de sustento, malintencionadas, con montajes burdos, buscando vulnerar mi buen nombre y mi honra”.

Dijo la funcionaria que hoy es víctima de acoso, “el Contralor Distrital ha exigido que me suspendan del cargo, porque en “su buen saber y conciencia”, sin existir ninguna evidencia material, considera que yo pueda obstaculizar su investigación”.

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Martínez cuestionó la suspensión asegurando que no fue ella quien seleccionó a la contratista, “no soy la jefa, no soy la supervisora y tampoco soy la pagadora de ese contrato”, manifestó.

Indicó que la Contraloría carece de fundamento jurídico y factico, porque según su criterio no existe evidencia material que demuestre o permita presumir que yo pueda obstaculizar la investigación.

Por último aseveró que esta decisión se da porque no ha accedido a las presiones políticas, a los supuestos intentos de soborno y a las propuestas extorsivas.

El pasado mes de septiembre la Contraloría Distrital habría confirmado un supuesto detrimento patrimonial por el contrato de Cynthia Pérez Amador.