Prohíben definitivamente la circulación de coches con caballos en el Centro Histórico de Cartagena
Cartagena está a pocos días de protagonizar uno de los cambios más significativos en su historia reciente en materia de turismo sostenible y protección animal. A partir del próximo 29 de diciembre, comenzará a operar el primer lote de coches eléctricos turísticos en el Centro Histórico, marcando el inicio del retiro progresivo de las tradicionales carrozas haladas por caballos.
Este paso se da tras la sanción del Decreto 2296 de 2025, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena, que prohíbe de manera definitiva la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico y el cordón amurallado, una de las zonas más visitadas de la ciudad.
Sin embargo, pese a la contundencia de la medida distrital y al amplio respaldo ciudadano, la eliminación total de este tipo de servicios turísticos no puede hacerse de manera definitiva en toda la ciudad únicamente por vía administrativa o legal, debido a una laguna jurídica contenida en la Ley 2138 de 2021, razón por la cual el alcalde Dumek Turbay acudió a la Corte Constitucional para blindar el proceso.
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El Decreto 2296, complementado por el Decreto 2258 de 2025, establece un nuevo modelo de transporte turístico en Cartagena, alineado con la protección animal, la movilidad sostenible y la modernización urbana. La norma prohíbe bajo cualquier concepto la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico y el cordón amurallado, una decisión que responde a años de denuncias por maltrato animal, jornadas extenuantes bajo altas temperaturas y múltiples registros audiovisuales que evidenciaron el sufrimiento de los caballos.
En su reemplazo, el Distrito implementó un sistema de 62 carrozas eléctricas, cifra definida tras estudios técnicos de movilidad que determinan que ese es el número máximo que puede soportar la zona sin afectar el flujo peatonal y vehicular.
Los vehículos, la estación de carga y los equipos tecnológicos son propiedad del Distrito, y serán asignados a una parte de los actuales cocheros, que se vincularon al proceso de transición mediante un instrumento económico territorial, sin posibilidad de venta, cesión o alquiler, con el fin de evitar la informalidad y los monopolios privados.
Además, el sistema incorpora:
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Estación de carga con energía solar (150 kWp).
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GPS para control de rutas y horarios.
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Terminales POS para facturación electrónica ante la DIAN.
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Un motocarro-taller eléctrico para atender emergencias técnicas.
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¿Por qué no se puede eliminar definitivamente la tracción animal por ley?
Aunque el Distrito dio un paso con los decretos, la tracción animal en actividades turísticas aún cuenta con una excepción legal a nivel nacional, contenida en la Ley 2138 de 2021, que regula la sustitución de vehículos de tracción animal en Colombia.
El problema está en el parágrafo del artículo 2, que exceptúa de los procedimientos de retiro e inmovilización a los vehículos de tracción animal destinados a actividades turísticas, junto con las agrícolas, pecuarias, forestales y deportivas.
"Para la Alcaldía de Cartagena, esta excepción crea una ambigüedad jurídica peligrosa, pues permite que la tracción animal turística continúe sin límites temporales, sin estándares de bienestar animal y sin una ruta clara de sustitución, abriendo la puerta a retrocesos", indicaron desde la Administración en un comunicado.
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La acción ante la Corte Constitucional
Ante este escenario, el alcalde Dumek Turbay, junto al jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, Milton José Pereira, presentó una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la expresión “actividades turísticas” contenida en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 2138 de 2021.
La demanda fue radicada ante el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, y busca cerrar la laguna legal que hoy permite la continuidad de una práctica que, según el Distrito, genera sufrimiento animal evitable.
“El turismo es una actividad económica organizada, lucrativa y sometida a reglas del mercado. No existe una relación de necesidad estructural entre el turismo y la tracción animal, como sí podría existir en otras actividades de subsistencia”, explicó Milton Pereira.
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En la acción jurídica se argumenta que, a diferencia de actividades agrarias o pecuarias —donde los animales permanecen en entornos controlados—, el uso turístico de caballos en ciudades como Cartagena ocurre sobre asfalto caliente, en condiciones de estrés térmico, sobrecarga y agotamiento, plenamente documentadas.
“El sufrimiento que padecen los caballos en actividades turísticas no es inevitable, es perfectamente evitable, pues existen alternativas tecnológicas como los coches eléctricos”, sostuvo el alcalde Dumek Turbay.
Para el Distrito, permitir la tracción animal en turismo no supera el estándar constitucional mínimo, ya que sacrifica el bienestar animal sin que exista una necesidad constitucionalmente relevante.
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La Alcaldía sostiene que la excepción contenida en la Ley 2138:
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No fija estándares mínimos de bienestar animal.
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No impone condiciones materiales de operación.
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No establece mecanismos para la superación progresiva de la práctica.
Esto, según el Distrito, vulnera los artículos 79 y 95 numeral 8 de la Constitución Política, que obligan al Estado a proteger el ambiente y a actuar con responsabilidad frente a los seres sintientes.
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¿Qué pidió el Distrito a la Corte?
El alcalde Dumek Turbay solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible la expresión “actividades turísticas” del parágrafo del artículo 2 de la Ley 2138 de 2021. Así mismo, que de manera subsidiaria, se declare su exequibilidad condicionada, estableciendo que solo el legislador puede definir límites, criterios y condiciones estrictas para cualquier excepción a la sustitución de la tracción animal.
“La norma no solo permite la permanencia de la tracción animal en el turismo, sino que lo hace sin exigir reducción del sufrimiento, consolidando una regresión estructural y legitimando un daño evitable”, concluyó el mandatario.
Con esta acción, las autoridades buscan defender el modelo de coches eléctricos, pero también buscan blindar jurídicamente esta transición que para ellos representa modernidad, ética ambiental y justicia para los animales. De la misma forma, señaló el alcalde Turbay Paz, que se pretende evitar que intereses económicos particulares frenen una transición que la ciudad y el país reclaman desde hace años.