Campesinos que reclaman tierras mantienen secuestrados a militares y civiles en Río de Oro, Cesar

Una grave situación de orden público se presenta en el sur del departamento del Cesar, donde campesinos que reclaman tierras mantienen secuestrados a un grupo de civiles y uniformados en la Hacienda La Pola, ubicada en jurisdicción del corregimiento de Montecitos, municipio de Río de Oro.

De acuerdo con el reporte oficial, entre las personas retenidas se encuentran dos civiles, seis integrantes del Ejército Nacional, un mayor, un teniente coronel y varios policías. Entre ellos estaría el ingeniero Sergio Andrés Tamayo Cáceres, hijo del gerente del Hospital de Ocaña, Elmer Tamayo Jaimes.

La crisis se originó el pasado martes, cuando campesinos asentados en el predio ingresaron a la finca La María, con la supuesta intención de recuperar ganado. Sin embargo, la situación se salió de control y terminó en un enfrentamiento que derivó en la retención de varias personas.

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El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, confirmó que la administración municipal tuvo conocimiento del hecho desde horas de la tarde y que, al intentar mediar, se conoció la denuncia del padre del ingeniero sobre su presunto secuestro.

“Se habla de que fue retenido el joven Tamayo. Su padre nos confirmó que lo secuestraron allá mismo. También hay miembros del Ejército y la Policía retenidos”, señaló el mandatario en diálogo con La FM.

El alcalde advirtió que el conflicto por tierras en la zona no es nuevo y que se ha venido agudizando por la falta de respuestas de las entidades competentes.

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“Esto es una crónica de una muerte anunciada. Venimos alertando desde hace meses que la situación en La Pola podía terminar en hechos graves, pero no se tomaron medidas”, afirmó Osorio.

Los campesinos reclaman que el predio La Pola les sea adjudicado como parte de un proceso de “recuperación de tierras” que, según ellos, habría sido prometido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). No obstante, las autoridades locales aseguran que el terreno cuenta con propietario legal y que no se ha concretado ningún acuerdo oficial.

Por ahora, el Ejército Nacional, la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Cesar mantienen activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la crisis y garantizar la liberación de las personas retenidas.

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“El Gobierno Nacional no puede ser ajeno a esta problemática. Si se van a entregar las tierras, que se haga ya, pero sin poner en riesgo la vida de nadie”, enfatizó el alcalde Osorio.