Crean grupo especial para investigar crímenes y ataques contra menores en Córdoba y Sucre

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció  la creación de un bloque de intervención judicial como estrategia para desmantelar organizaciones dedicadas al narcotráfico, la comisión de crímenes e incluso delitos contra menores de edad en los departamentos de Córdoba y Sucre.

Se trata de un equipo especializado integrado por fiscales, investigadores y expertos en escena, junto con otros profesionales y técnicos, que contarán con el apoyo de la Policía y el Ejército.

Según los investigadores el objetivo es avanzar en la obtención de resultados contra bandas criminales como el llamado Clan del Golfo y Los Caparros.

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El fiscal Barbosa reportó que en el transcurso de este año han sido desmanteladas en Córdoba 5 organizaciones criminales dedicadas al microtráfico y la extorsión en varias zonas del departamento.

“Entre los casos más destacados figuran dos bandas delincuenciales que trabajan para el Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, una de ellas dedicada al cobro de extorsiones en municipios del bajo Sinú como San Antero, Lorica, Cotorra, Momil, Purísima y San Andrés de Sotavento. Las víctimas eran comerciantes, finqueros, prestamistas y contratistas”, indicó el fiscal general.

Los investigadores indicaron que estas estructuras delincuenciales lograron obtener rentas ilícitas por más de 380 millones de pesos mensuales. 

Las autoridades destacaron que también fue desarticulada otra organización que enviaba drogas desde Barranquilla (Atlántico), con destino final a la cárcel Las Mercedes de la ciudad de Montería. 

“Para la comisión del ilícito usaban como correos humanos a 4 mujeres que ingresaban al mencionado centro de reclusión cerca de 10 kilos de estupefacientes mensualmente, y que les generaban a los delincuentes ganancias ilícitas por un valor cercano a los 1.200 millones de pesos al año”, señaló la Fiscalía.

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Asimismo, el grupo especial de fiscales tendrá por objetivo perseguir y judicializar a los responsables de agresiones, ataques y otros delitos que atenten contra los derechos de niños, y adolescentes y mujeres en esta zona del país.