La JEP declaró al río Magdalena como víctima y sujeto de derechos en el conflicto armado

En declaraciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, la magistrada Catalina Díaz dio a conocer detalles sobre la decisión judicial tomada por esta jurisdicción en respuesta a las demandas de las víctimas del Magdalena Medio, en el marco del Caso 08, que investiga crímenes de Estado cometidos por miembros de la fuerza pública, en asociación con grupos paramilitares y otros actores.

En esta decisión, la JEP acreditó al río Magdalena como sujeto de derechos y víctima del conflicto armado, convirtiéndolo en el segundo río en el país con este reconocimiento.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos 320 cuerpos han sido recuperados en el río desde 1982, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor debido al uso del afluente como medio sistemático para desaparecer víctimas.

La investigación del Caso 08 se centra en cinco regiones consideradas territorios críticos: los Montes de María, el Gran Magdalena (Cesar, Guajira, Magdalena), Antioquia, el Ariari-Guaviare-Caguán, y el Magdalena Medio, donde se han acreditado 1.210 víctimas especiales, entre ellas 62 sujetos colectivos, como Credhos y la Unión Sindical Obrera (USO).

En el subcaso Magdalena Medio, 343 víctimas han sido acreditadas, incluyendo siete colectivos comunitarios y sociales de territorios como Cimitarra, El Guayabo, San Vicente de Chucurí y Ciénaga del Opón.

La sala ha recibido 48 informes de víctimas y entidades estatales y decidió priorizar la investigación sobre la participación de la fuerza pública y funcionarios de Ecopetrol como posibles responsables en hechos ocurridos entre 1998 y 2001, en el contexto de la toma paramilitar de Barrancabermeja, liderada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Bloque Central Bolívar.

Víctimas exigen respuestas concretas de todos los actores responsables

Durante el evento de anuncio del auto judicial, la senadora Jael Quiroga, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y fundadora de Credhos, se pronunció de manera contundente sobre el papel de Ecopetrol:

“Ecopetrol le debe mucho a este pueblo. No ha desarrollado a Barrancabermeja como un polo realmente. Hay que sentarla en una mesa, a instancias de la JEP y de estas medidas, porque en el auto no hay una medida concreta sobre hidrocarburos, y sin embargo, fue una solicitud reiterada en los distintos eventos de acreditación del río”.

Quiroga reclamó medidas reales que frenen la contaminación, reparen el daño ambiental causado al río y restituyan la relación de las comunidades ribereñas con este afluente vital: “Ecopetrol lo puede hacer. La gente debe volver a tener garantías de que el río Magdalena es su vida, de que es parte de su vivir. Es su vivir”.

Por su parte, Carlos Gallón, integrante de la Unión Sindical Obrera (USO), resaltó la importancia del río Magdalena para las comunidades ribereñas: “A través de él se alimentan las personas, a través de la pesca, y representa una oportunidad para que muchos puedan salir de sus territorios y conectarse con el mundo”, afirmó.

Sin embargo, recordó que, según testimonios del excomandante paramilitar Ramón Isaza, el río se convirtió en una gran fosa común durante el conflicto armado colombiano: “Por eso este acto declaratorio es tan importante: hacia allá deben dirigirse todos los esfuerzos, no solo de la JEP y del Estado, sino también de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, para que se conozca la verdad”.

Hasta la fecha, en el marco del Caso 08, la JEP ha realizado 25 audiencias masivas con víctimas en las ciudades de Barrancabermeja y Bogotá, con participación directa de los comparecientes y sus representantes.