
Madre que denunció abuso en jardín del ICBF alerta amenazas y ataques contra su imagen
Margie Espinel, quien fue la primera en alzar su voz para denunciar el presunto abuso sexual cometido por Freddy Castellanos contra menores en un jardín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reveló que está siendo blanco de amenazas y ataques contra su imagen personal debido a su trabajo como modelo web cam.
A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Espinel denunció que se están difundiendo mensajes que buscan desacreditarla. "Hay unos mensajes que, alguien sin escrúpulos y que quiere intentar limpiar el nombre de Freddy Castellanos, está sacando en contra mía", afirmó.
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La mujer aseguró que han expuesto públicamente su ocupación con la intención de desviar la atención del verdadero problema: los abusos contra los menores. “Han sacado a relucir la actividad a la que me dedico, algo que no me avergüenza, pero eso no es lo importante. Lo importante son las víctimas y lo que este hombre presuntamente hizo”, señaló.
Con firmeza, Espinel afirmó: “Mi imagen no me interesa en estos momentos, solo quiero que se haga justicia”. La madre también indicó que no se trata de un caso aislado y que, según la información confirmada hasta ahora, al menos 10 niños habrían sido víctimas de Castellanos. “No es solo un niño como lo quieren hacer ver, hay más víctimas, y eso confirma lo que siempre he dicho”, añadió.
En su declaración, también rechazó las acusaciones que buscan cuestionar su rol como madre: “A mí no me van a venir a tachar como una mala mamá, cuando yo sé que doy todo por mis hijos”.
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Al finalizar el video, la afectada mujer alertó que desde que hizo pública la denuncia ha recibido múltiples amenazas. “He recibido amenazas muy claras”, aseguró, aunque enfatizó que no dejará de luchar para que se haga justicia. “No me van a callar, es lo único que tengo por decir”, concluyó.
Espinel insistió en que nunca se ha hablado de compensaciones económicas, y que su única motivación, al igual que la de otros padres, es que el presunto agresor sea judicializado y que los niños puedan estar protegidos.