“Aquí no hay nada que celebrar” Senadora Imelda Daza cuestiona el formato del acto de reconocimiento por el exterminio de la Unión Patriótica
El acto de Reconocimiento Internacional de Responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP).
Cortesía Presidencia de la República.
10 Nov 2025 06:14 AM

“Aquí no hay nada que celebrar”: senadora Imelda Daza cuestiona formato del acto de reconocimiento por la UP

Angy
Cueto Martínez
La senadora expresó su inconformismo por el carácter festivo del evento encabezado por el presidente Gustavo Petro en Santa Marta.

El acto de Reconocimiento Internacional de Responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP), realizado la noche del domingo en el camellón de la bahía de Santa Marta y encabezado por el presidente Gustavo Petro, generó reacciones encontradas entre los sobrevivientes de esa colectividad.

Una de las voces más críticas fue la de la senadora Imelda Daza, que calificó como inapropiada la inclusión de un espectáculo musical en una ceremonia que, según dijo, debía tener un carácter conmemorativo y solemne.

“La Unión Patriótica no tiene nada que celebrar. Tiene el deber de conmemorar un duelo que nunca hemos hecho colectivo. Esta era la oportunidad para hacerlo, para decirle al país entero que tiene un compromiso con esta organización que merece respeto. Yo pido al señor presidente que aquí no haya fiesta, que aquí no tenemos nada que celebrar. Y sí, mucho por dolernos y mucho por conmemorarnos”, manifestó la congresista durante su intervención.

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Daza recordó su trayectoria en la UP, de la cual fue fundadora el 13 de junio de 1985 en Pueblo Bello (Cesar), y narró cómo el proyecto político que nació con la aspiración de fortalecer la democracia fue “borrado a sangre y fuego” por la violencia.

“Fuimos elegidos nueve senadores y cinco representantes a la Cámara en 1986. Nadie ha repetido esa hazaña. Pero la reacción no fue fortalecer la democracia, sino organizar un plan macabro de exterminio. De los quince congresistas, once fueron asesinados y los demás tuvimos que exiliarnos. Soy la única sobreviviente de los elegidos ese año”, relató Daza, quien permaneció en el exilio durante décadas.

Pese a reconocer la importancia del acto convocado por el presidente Petro, la senadora insistió en que el tono del evento “no reflejó el peso histórico de un genocidio político sin precedentes en América Latina”.

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La senadora Aída Avella, también sobreviviente del exterminio y actual presidenta de la Unión Patriótica, coincidió en resaltar que el reconocimiento se da en cumplimiento de una sentencia internacional, tras demostrarse que el Estado fue responsable de una campaña sistemática de asesinatos, desapariciones y persecuciones políticas.

“Esto es un acto de justicia gracias a los tribunales internacionales, porque en Colombia no se pudo hacer nada. Los jueces y magistrados que intentaron investigar también fueron asesinados o amenazados. Era una extraña democracia que se dio el lujo de eliminar una generación entera de dirigentes políticos”, señaló Avella.

Ambas congresistas insistieron en que, más allá del perdón, el compromiso del Estado debe centrarse en garantizar que nunca se repita un hecho similar, y que las víctimas y sus familias reciban verdad, justicia y reparación integral.

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“Nosotros no tenemos problema en perdonar, pero lo que no queremos es que nadie más sufra lo que sufrimos nosotros. Lo de la Costa Caribe fue vergonzoso: los mataron uno a uno para que no se notara. Los ríos, el campo y las calles se llenaron de sangre”, concluyó Avella.

Entre tanto, durante su intervención en este acto, el presidente Gustavo Petro recordó:"Dice la sentencia que la responsabilidad en el genocidio de la UP es del 74% el paramilitarismo y el resto el Estado... El paramilitarismo es un ejército privado de los narcotraficantes. Los asesinó la alianza de la oligarquía colombiana y el narcotráfico", expresó el mandatario nacional.

El acto en Santa Marta hizo parte de la agenda del Gobierno nacional para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2023 declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio de más de seis mil militantes, simpatizantes y dirigentes de la Unión Patriótica, en uno de los episodios más trágicos y silenciados de la historia política del país.