Tribunal ordena al presidente Petro activar un plan urgente para enfrentar crisis humanitaria en el sur de Bolívar

El sur de Bolívar atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años, y ahora el Tribunal Administrativo de Bolívar le exige al Gobierno una respuesta inmediata.

En una medida cautelar, la corporación ordenó al presidente Gustavo Petro convocar, en un plazo máximo de diez días, una reunión interinstitucional de alto nivel para diseñar y poner en marcha un Plan Inmediato de Acción Interinstitucional frente a la violencia y el control armado que se expande en la región.

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Según una alerta de la Defensoría del Pueblo del 10 de octubre de 2025, más de 24.000 personas han sido afectadas por la confrontación entre grupos ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

Las comunidades más golpeadas son Santa Rosa del Sur con 15.240 afectados, le sigue el municipio de Montecristo con 5.409 habitantes impactados. Así mismo, en la lista se incluyen localidades como Arenal del sur, Catagallo, Morales y Río Viejo.

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El Tribunal actuó tras una acción judicial de la Fundación para el Estado de derecho, respaldada por alertas tempranas, informes de la ONU y reportes oficiales de la Gobernación de Bolívar. La conclusión del fallo indica que "la inacción estatal ha permitido que la crisis se profundice".

Por eso, ordena que en la reunión participen los ministerios de Defensa, Interior y Agricultura, la Gobernación de Bolívar, 14 alcaldías, la Procuraduría, la Fiscalía, el Dapre, la Unidad de Víctimas y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

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El plan que debe surgir de ese encuentro deberá:

• Restablecer el orden público

• Garantizar atención humanitaria inmediata

• Proteger los derechos colectivos

• Activar mecanismos de denuncia y participación comunitaria

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Además, se ordena crear un Equipo Especial de Seguimiento con delegados del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, Policía Nacional, alcaldes y Gobernación de Bolívar.

Según esa misma medida,  el Gobierno debe responder de manera inmediata para proteger a miles de personas que permanecen en riesgo extremo, en esta zona que históricamente se ha visto afectada por la violencia.