Maquinaria Amarilla.
El ente de control advirtió posibles vicios en un convenio de más de $26.000 millones firmado entre la Alcaldía y la Edus.
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre un nuevo caso que podría golpear la transparencia administrativa en Santa Marta.
El organismo abrió una actuación preventiva contra la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible (EDUS) por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo de $26.037 millones suscritos con el Distrito para el proyecto de “Mejoramiento de la malla y estructura viales del Distrito de Santa Marta”.
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Según la entidad, este tipo de convenios no deberían usarse para ejecutar obras públicas, ni mucho menos para evadir los procesos de selección que exige la ley, como la licitación pública. La advertencia es clara: el procedimiento adelantado por la Edus podría configurar una “trasgresión a los principios de publicidad, moralidad, igualdad e imparcialidad”, pilares que garantizan la transparencia en el uso de los recursos públicos.
A ello se suma una exigencia que la Procuraduría calificó de riesgosa: la Edus habría limitado la participación de oferentes al requerir que la experiencia se acreditara mediante códigos UNSPSC en un único contrato, reduciendo la competencia y favoreciendo la concentración de oportunidades.
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Con esta actuación preventiva, la Procuraduría busca no solo detener posibles irregularidades, sino también enviar un mensaje sobre los riesgos de manipular las figuras de contratación pública para direccionar millonarios proyectos de infraestructura.
Santa Marta, una ciudad que arrastra un largo historial de cuestionamientos en la ejecución de obras, vuelve así a quedar en el radar del control disciplinario.
