¡Se prendieron las alarmas! Brote de varicela pone en jaque centro de detención en Santa Marta

Un brote de varicela detectado en el Centro de Detención Temporal (CDT) de Santa Marta encendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo, que tras una visita de verificación urgió a las autoridades locales y penitenciarias a activar de inmediato protocolos de contención y atención médica.

La inspección fue liderada por el defensor del pueblo regional Magdalena, Ricardo Salinas, quien confirmó que al menos once personas privadas de la libertad presentan “sintomatología clínica compatible con varicela, riesgosa para la salud colectiva dentro de este espacio cerrado y de alta vulnerabilidad”.

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Según la Defensoría, aunque alrededor de 60 internos ya fueron vacunados por la Alcaldía Distrital de Santa Marta, la situación sigue siendo delicada debido al hacinamiento en el centro. Por ello, la entidad solicitó acciones inmediatas como el aislamiento de los casos sospechosos, la vacunación de contactos susceptibles, la activación de un monitoreo epidemiológico constante y el establecimiento de un sitio adecuado para atención de los afectados.

“Junto con la Procuraduría General de la Nación hemos advertido la necesidad de que se tomen medidas para evitar la propagación del brote”, afirmó Salinas. “A pesar de que la Secretaría de Salud ha iniciado intervenciones desde el fin de semana anterior, es fundamental que los pacientes con síntomas sean aislados y monitoreados con prontitud”, añadió.

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El defensor regional explicó que la alerta surgió gracias a información recibida por diversas vías, entre ellas quejas de familiares y acompañamientos jurídicos realizados por la Defensoría Pública. “Esta situación pone en evidencia los riesgos que representa el hacinamiento, una problemática que hemos denunciado reiteradamente”, sostuvo Salinas.

Respecto al riesgo para el personal que labora en el centro, especialmente los funcionarios de la Policía Nacional, el defensor regional advirtió que, si bien no se han reportado contagios en ese grupo, la exposición es latente y se requiere evaluación médica para determinar el nivel de riesgo y aplicar medidas preventivas.

“Tenemos el deber de proteger los derechos tanto de las personas privadas de la libertad como de quienes prestan sus servicios en estos centros. Evitar que el brote se convierta en una emergencia mayor es una prioridad”, concluyó.

Finalmente anunció que la Defensoría continuará realizando seguimiento a las medidas adoptadas y reiteró su llamado a las autoridades competentes para que garanticen el derecho a la salud en condiciones dignas para todos los privados de la libertad.