Suspenden audiencia por crimen del rector Armando Rivero y crece el temor por vencimiento de términos

La audiencia preparatoria del juicio por el asesinato del rector, locutor y gestor cultural Armando Luis Rivero Manjarrez fue suspendida este lunes por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, generando preocupación entre familiares de la víctima y sectores sociales del departamento de Sucre por el riesgo de un posible vencimiento de términos que podría dejar en libertad a los procesados.

Los implicados en este caso son Juana Janeth Perea Amud, excompañera sentimental del rector, y su hijo Yofran Orozco Perea, quienes permanecen bajo detención preventiva por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado y destrucción u ocultamiento de material probatorio. Ambos están señalados de haber participado en la desaparición y muerte de Rivero Manjarrez, ocurrida en julio de 2024.

La audiencia, que había comenzado con normalidad en horas de la tarde, fue suspendida luego de que la defensa de Yofran Orozco solicitara la conexidad del proceso por porte ilegal de armas —también relacionado con los hechos que rodearon el crimen— con los delitos principales por los cuales se le acusa. El juez aceptó la solicitud y decidió fijar una nueva audiencia de acusación por el delito de porte ilegal de armas para el próximo 23 de octubre a las 8:30 de la mañana. Solo después de esa diligencia se establecerá la fecha para reanudar la audiencia preparatoria, la cual quedó sin nuevo calendario definido.

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Durante la sesión judicial, el propio Yofran Orozco, con autorización del juez, intervino para denunciar que la Fiscalía Segunda Especializada de Sincelejo, liderada por el fiscal Albeiro Rojas, no habría descubierto en su totalidad las pruebas en su contra. Según su declaración, hay al menos 18 elementos probatorios que no han sido entregados a su defensa, entre ellos información obtenida de su celular mediante búsquedas selectivas en bases de datos, así como interceptaciones telefónicas. No obstante, el fiscal respondió que todo el material ha sido puesto a disposición de la Defensoría Pública, que representa legalmente al acusado, mediante medios magnéticos entregados en su despacho.

La suspensión de la audiencia ha generado inquietud debido a que el proceso ya acumula más de un año desde los hechos, y se teme que si no se avanza con prontitud, los plazos procesales establecidos en la legislación penal colombiana podrían cumplirse sin que se haya formalizado el juicio oral. En Colombia, el vencimiento de términos es una figura que obliga a conceder la libertad de los acusados si se demuestra una dilación injustificada en el proceso judicial.

Armando Rivero fue reportado como desaparecido el 11 de julio de 2024. Su camioneta fue encontrada incinerada al día siguiente en el departamento de Córdoba, y su cuerpo —ya en avanzado estado de descomposición— fue hallado bajo un puente del corregimiento San Luis, en Sampués, Sucre, el 17 de julio de ese mismo año. El crimen conmocionó a la comunidad académica y cultural de la región, donde Rivero era ampliamente reconocido por su labor como rector de una institución educativa en Guaranda y por su trayectoria como gestor cultural en Ovejas.

Con esta nueva postergación, el caso se mantiene en una etapa de incertidumbre judicial, en la que cada retraso podría jugar a favor de la defensa y en detrimento de la justicia para la víctima y sus allegados.

Las miradas ahora están puestas en la diligencia del próximo 23 de octubre, donde se espera que el proceso recobre su curso y que el juzgado defina con claridad la fecha de reanudación de la audiencia preparatoria del juicio principal.

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