Por más de 4 décadas las comunidades han rechazado la operación  del botadero en esta zona
Denuncian que han recibido afectaciones culturales, sociales y espirituales en sus comunidades
ONG Nación Wayuu
12 Ago 2022 07:44 AM

Autoridades ambientales de La Guajira ordenaron cierre del basurero de Riohacha

Evelin Adriana
Barrios Florez
Luego de varias denuncias por daños ambientales por parte de comunidades indígenas.

Desde la ONG Nación Wayuu se conoció que, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, resolvió suspender de forma inmediata la entrada y disposición de residuos sólidos en las celdas transitorias de Riohacha, debido a que estas celdas construidas no cuentan con vida útil, ni el Distrito contaría con autorización o viabilidad ambiental para la construcción de unas nuevas.

Aseguran que esta decisión se da luego de más de cuatro décadas de lucha de las familias indígenas asentadas en la zona, quienes venían denunciando que eran víctimas de la contaminación ambiental, indicando que, la continuación de esta actividad es atentar contra los recursos naturales, el paisaje y la salud humana. “Como viene sucediendo desde hace más de 4 décadas, en las comunidades indígenas wayuu dueñas ancestrales del territorio, donde funciona el botadero de basura a cielo abierto, operado actualmente por la empresa Interaseo”, citaron a través de un comunicado a la opinión pública.

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Por su parte, José Silva, representante de la ONG Nación Wayuu señaló que esta decisión solo mitigará un poco el daño que ya ha sido causado a la población indígena. “Es muy mínimo lo que lograremos porque las afectaciones cutáneas y respiratorias de las que padecen nuestros niños y ancianos ya se han convertido en enfermedades crónicas y que hasta hoy no han sido atendidas por las autoridades de salud”, dijo.

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Asimismo, manifestaron que en hora buena Corpoguajira admite la grave situación ambiental que padecen estas comunidades y las afectaciones culturales, sociales y espirituales que han sido causadas en las comunidades wayuu, sujetas de especial protección constitucional, por la intervención arbitraria de las entidades a sus territorios ancestrales.