Gremios en Bolívar reaccionan a la suspensión del cobro de valorización de la Vía al Mar

El Consejo Gremial de Bolívar celebró la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de suspender temporalmente el cobro de la Contribución Nacional de Valorización correspondiente al proyecto vial Cartagena–Barranquilla. La medida fue calificada como “una victoria parcial” en defensa de los derechos de los contribuyentes y de toda la región Caribe.

A través de un comunicado oficial, el director ejecutivo del Consejo, Juan Camilo Oliveros Calderón, expresó que esta suspensión abre una ventana para continuar la defensa jurídica ante instancias superiores, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

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“Desde el Consejo Gremial de Bolívar, en alianza con el Comité Intergremial del Atlántico, continuaremos impulsando acciones jurídicas y de articulación con las autoridades locales y la comunidad para garantizar que cualquier decisión sobre este tributo se tome con pleno respeto a los principios constitucionales y a los derechos de los ciudadanos”, afirmó Oliveros.

El Consejo también hizo un llamado a todos los actores involucrados —incluyendo autoridades nacionales, regionales y ciudadanos— a participar activamente en las mesas de trabajo y buscar soluciones que favorezcan el desarrollo económico sin sacrificar la equidad ni la justicia tributaria.

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“Seguiremos vigilantes y comprometidos con la defensa de los intereses de nuestros gremios y de toda la ciudadanía”, concluyó el dirigente gremial.

La suspensión del cobro ha sido bien recibida por distintos sectores sociales y empresariales, especialmente por los propietarios directamente afectados por la medida, quienes han cuestionado desde el inicio los criterios y mecanismos de aplicación del tributo.

¿Qué viene ahora? 

Luego de la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de suspender temporalmente el cobro de la Contribución Nacional de Valorización por el proyecto vial Cartagena–Barranquilla, se abre un nuevo capítulo en el proceso: la socialización formal y participativa del tributo.

Según el auto emitido por el Tribunal, no se evidenció una socialización robusta y transparente que permitiera una interlocución efectiva con la ciudadanía. “La divulgación llana del proceso, en los términos en que se ha venido desarrollando, inhibe la interlocución, en especial la interpelación de los componentes técnicos basamentos del cobro, como zona de influencia, caracterización de los posibles destinatarios de la medida, capacidad de pago, etc.”, señala el fallo.

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Audiencias públicas obligatorias

En consecuencia, el Instituto Nacional de Vías (Invías) deberá convocar y realizar audiencias públicas en los territorios donde se pretende aplicar el cobro. Estas audiencias deberán realizarse en un plazo máximo de tres meses y contar con la participación de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y ciudadanos directamente afectados.

El objetivo de las audiencias será exponer de forma clara los elementos técnicos que sustentan la distribución del tributo, entre ellos:

• Estudios socioeconómicos
• Criterios de definición de la zona de influencia
• Métodos de cálculo del beneficio individual
• Capacidad de pago
• Base gravable

Una vez finalizadas las audiencias, se abrirá un período de dos meses para recibir observaciones y réplicas por parte de cualquier persona interesada. Posteriormente, el Invías deberá elaborar un informe final, responder cada observación recibida y comunicar si habrá ajustes o compromisos derivados del proceso participativo.