Cárcel de Ternera
Recluso dio muerte a otro compañero en uno de los patios de ese centro de reclusión.
Cortesía: Mundo Noticias
18 Sep 2025 06:11 PM

Judicializan a dos exfuncionarios de Bolívar relacionados con la desviación de recursos públicos

Ruby
Villarreal Julio
La suma desviada de fondos educativos asciende a los 200 millones de pesos.

Dos exfuncionarios del departamento de Bolívar y un civil fueron judicializados en las últimas horas por su presunta participación en actos de corrupción en el sector educativo de Cartagena y el municipio de El Guamo, en Bolívar. 

Los procesados fueron identificados como Iván de Ávila Castellón, funcionario de la Contraloría Distrital; Manuel de los Santos Cassiani, exrector de una institución educativa, y Edwin Antonio Acuña de Voz, un particular. 

Los hechos 

Según la Fiscalía, los hechos están relacionados con irregularidades en el uso de recursos públicos destinados al sector educativo, que habrían sido utilizados con fines distintos a los establecidos. 

De acuerdo con el reporte, al parecer, entre 2018 y 2022, Acuña de Voz, quien prestaba sus servicios como apoyo contable en dos colegios, se habría apropiado de aproximadamente $200 millones que retiró de las cuentas bancarias.  

Le puede interesar: Presunto extorsionista bajó las esteras de una tienda porque dueño se negó a recibir videollamada

Según indicó el ente acusador, la sustracción, al parecer, se realizó por descuido del exrector, quien le entregó las claves de acceso a las cuentas, acción que está prohibida. 

Por otra parte, los investigadores constataron que Ávila Castellón, con ocasión de una auditoría que se realizó en una de las instituciones educativas, habría prestado asesorías jurídicas a quien era la contadora en ese entonces.  

El informe reveló que el funcionario habría recibido dinero por ello, lo que representa una inhabilidad para asesorar, gestionar o litigar en nombre de cualquier persona. 

Lea además: Refuerzan control del agua potable para proteger la salud pública en municipios del Atlántico

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Administración Pública les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de peculado culposo, abuso de confianza calificado y agravado, falsedad en documento privado, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por los procesados.