Niños de Soplaviento, Bolívar, reciben clases bajo un puente mientras esperan la entrega de su colegio
El 2 de agosto de 2019, la Alcaldía de Soplaviento (Bolívar) firmó el contrato C5-OBP-001-2019 con la empresa A&M Grupo Empresarial S.A.S. para la construcción de la primera fase del colegio Simón Almanza Julio, una obra valorada en $1.859 millones de pesos y con un plazo de ejecución de seis meses.
El contrato contemplaba un anticipo del 50%, equivalente a más de $929 millones, que fue girado en menos de dos meses, pese a que los estudios previos prohibían expresamente los anticipos.
A la fecha, el colegio nunca fue terminado ni entregado, no existe acta final de recibo ni liquidación, y las estructuras en pie lucen deterioradas, cubiertas de maleza y sin condiciones de seguridad. Mientras tanto, cerca de 700 estudiantes reciben clases debajo de un puente, en el antiguo salón comunal, una zona que colinda con el Canal del Dique y representa un riesgo constante para los menores de edad.
En entrevista con LA FM, Juan García, egresado del colegio y expersonero estudiantil, narró cómo la comunidad fue testigo de múltiples irregularidades durante la ejecución del contrato.
“El primer pago fue un anticipo del 50%, más de 929 millones, cuando el mismo pliego decía que no se podía dar anticipo bajo ninguna circunstancia. Aun así, la administración lo hizo, violando los estudios previos”, señaló García.
De acuerdo con los documentos revisados por LA FM, la tesorería municipal emitió un certificado de pago por $828 millones como anticipo, seguido de otro pago parcial por $247 millones el 12 de diciembre de 2019, fecha en la que la obra ya estaba suspendida por acta oficial. El contrato fue adjudicado bajo la administración del entonces alcalde Willington Rafael Romero Zamora, y durante los gobiernos de Nay Durán Baoque y Ángel Antonio Orozco Vega continuaron las omisiones y pagos injustificados.
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“Tres administraciones se han visto salpicadas: la que firmó, la que permitió pagos sin avance, y la actual, que pretendía liquidar el contrato bilateralmente, algo ilegal porque convalida actos viciados”, advirtió el denunciante.
La Contraloría General de la República investiga el caso por presunto detrimento patrimonial superior a los $2.000 millones, mientras que la Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso penal por posibles delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y favoritismo.
Según García, la empresa contratista A&M Grupo Empresarial S.A.S. fue constituida apenas 23 días antes de recibir el contrato, lo que contraviene la Ley 80 de 1993 sobre la idoneidad y experiencia mínima requerida para contratar con el Estado.
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“Un contratista sin experiencia recibió un contrato casi de dos mil millones. Hoy lo que tenemos es un colegio a medias, lleno de basura, convertido en guarida de drogadictos y delincuentes”, agregó el líder comunitario.
La obra del colegio surgió luego de la demolición del antiguo plantel para dar paso a un puente que conecta Soplaviento con San Estanislao. A cambio, la Alcaldía prometió construir una nueva sede “completamente funcional”. Sin embargo, el contrato solo contempló la primera fase, que debía quedar lista para uso educativo, algo que nunca ocurrió.
“Nos tumbaron el colegio con la promesa de uno nuevo. Hoy los niños estudian en condiciones indignas, en salones improvisados, bajo calor, humedad y riesgo por estar cerca del canal. Es inhumano”, denunció García.
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El líder también aseguró que la comunidad ha insistido ante la Secretaría de Educación de Bolívar y la Gobernación para que retomen el proyecto, sin recibir soluciones concretas.
¿Qué dicen las autoridades?
Tras ser contactados en varias ocasiones por LA FM, la Alcaldía de Soplaviento, en cabeza del mandatario Ángel Orozco, no respondió a las solicitudes de entrevista. Entre tanto, la Secretaría de Educación de Bolívar confirmó que en 2019 se giraron $340 millones de pesos desde el Departamento como cofinanciación del contrato y que actualmente se hace seguimiento a la liquidación para estudiar una nueva asignación de recursos que permita reanudar las obras.
El caso tiene un seguimiento también en la Contraloría General de la Nación. Sin embargo, los habitantes de Soplaviento temen que el caso termine, que no haya colegio y este plantel continúe en el abandono. “Los responsables andan en camionetas nuevas, mientras los niños estudian debajo de un puente. La educación no puede seguir siendo negocio de unos pocos”, dijo García en medio de la entrevista.
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El colegio Simón Almanza Julio es hoy una estructura vacía y deteriorada, con paredes despintadas, techos oxidados y un terreno lleno de maleza. Padres de familia denuncian que el lugar se ha convertido en foco de inseguridad, donde ocurren robos y consumo de drogas. Incluso, en videos que han sido publicados en redes sociales, los habitantes reclaman que se termine la construcción de esta institución.