Familiares de víctimas de falsos positivos en Cesar rechazan sentencia de JEP contra militares del Batallón La Popa

En medio de la histórica primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por falsos positivos en Colombia, las víctimas y sus familias manifestaron su inconformidad con la decisión. La JEP responsabilizó a 12 exintegrantes del Batallón La Popa por el asesinato y desaparición forzada de 135 personas entre 2002 y 2005 en el Cesar y La Guajira. Sin embargo, los militares no irán a una cárcel tradicional, sino que cumplirán penas de cinco a ocho años en proyectos restaurativos.

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Armando José Pumarejo Camargo, padre de Carlos Alberto Pumarejo López Sierra, asesinado el 22 de junio de 2002 dentro del batallón, expresó su frustración y dolor ante el fallo.

“Estamos muy inconformes. Ellos no van a pagar un solo día de cárcel y todo lo que se haga será financiado por el Estado. Mientras tanto, las víctimas seguimos sin recibir proyectos que realmente reparen el daño causado. Lo único que pusimos fueron nuestros muertos y llevamos más de 20 años luchando sin ver justicia”, afirmó.

Pumarejo aseguró que la decisión no representa justicia ni para su familia ni para otras víctimas. “Todo se ve bien en el papel, pero en la realidad no hay nada para nosotros. A los militares se les legaliza su vida jurídica y ellos siguen como si nada. Las víctimas seguimos pagando universidades, gastos y luchando solas”, dijo.

El padre de Carlos Alberto también hizo un llamado para que el proceso contra el coronel Hernán Mejía, comandante del batallón durante esos años, no termine con el mismo resultado. “Estos 12 militares eran la plana mayor, pero falta el máximo responsable. Esperamos que no sea lo mismo, porque sería perder tantos años de lucha”, advirtió.

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Para Pumarejo y otras familias, este fallo deja en evidencia una herida que sigue abierta y una justicia que, según ellos, continúa siendo insuficiente para sanar el dolor dejado por uno de los crímenes más graves del conflicto armado colombiano.