La Procuraduría abrió investigación contra gobernador del Magdalena por presuntas irregularidades en obra pública

Luego de que el tribunal de Bogotá negara la medida de aseguramiento en contra del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo Omar, que había solicitado la Fiscalía en su contra por presuntos actos de corrupción mientras fue alcalde de Santa Marta, ahora la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en su contra.

El ente regulador profirió cargos contra Carlos Eduardo Caicedo Omar y Rafael Alejandro Martínez, quienes fueron alcaldes de Santa Marta, por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo Gaira.

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La Procuraduría los investiga porque al parecer, las obras fueron adjudicadas pese a que el plazo establecido en los estudios previos no se ajustaba a los tiempos reales que tomarían los trabajos, así como, no se contaba con las respectivas licencias, situación que ocasionó que se firmaran cinco otrosíes que incrementaron el tiempo y el costo, que pasó de $2.682 millones a un valor final de $4.022 millones.

Dentro de las investigaciones se vio afectado Sánder Alfonso Rodríguez Peña, quien fungió como supervisor del contrato y quien se desempeñaba como gerente de Infraestructura de la ciudad para el periodo (2016 – 2018), la procuraduría también investiga a Álvaro García Parra, representante legal de la Interventoría AGP.

Según el informe técnico rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la planeación no fue coherente ni consecuente con el alcance real del proyecto y de la obra a ejecutar (demolición total y obra nueva), y en consecuencia “el plazo resultó inviable, aspecto que determinó la necesidad de solicitar con posterioridad ampliaciones y adiciones, infringiendo, las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias”, señaló el órgano de control.  

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El Ministerio Público también investiga aparentes irregularidades en la firma del otrosí número 3, suscrito para la cimentación de la gradería y efectuar ajustes estructurales, ya que esos trabajos al parecer ya habían sido ejecutados. Igualmente, se habrían realizado pagos parciales de obras aún no iniciadas.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de Carlos Caicedo Omar y Sánder Alfonso Rodríguez Peña como falta gravísima cometida con culpa gravísima, y para el exalcalde Rafael Martínez como falta grave a título de culpa grave. A Álvaro García Parra, particular que ejerció la función de interventor, se le formularon cargos por una aparente falta gravísima a título de culpa.