Defensoría alerta por condiciones “inhumanas” y “crueles” por hacinamiento en cárceles de Barranquilla

Las cifras de hacinamiento carcelario en Barranquilla y el departamento del Atlántico vuelven a encender las alarmas de las autoridades de control. La Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital advirtieron que las condiciones en las que se encuentran cientos de personas privadas de la libertad son “inhumanas, indignas y profundamente preocupantes”, debido a niveles de sobreocupación que superan cualquier estándar de dignidad y seguridad.

De acuerdo con la Defensora del Pueblo, Iris Marín, en el Atlántico existen 31 centros de detención transitoria (CDT) que deberían albergar únicamente a personas detenidas de manera provisional mientras son puestas a disposición de un juez. Sin embargo, estos espacios se han convertido en los puntos con mayor aglomeración y deterioro, agravando la crisis.

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“Tenemos una situación especialmente crítica de hacinamiento en el departamento. Hoy en día, estos centros albergan 992 personas, pese a tener una capacidad para únicamente 165, es decir, una sobrepoblación de 827 personas”, manifestó la defensora.

Los porcentajes de hacinamiento en algunos CDT son alarmantes:

• CDT de San José: 2.717%

• Soledad: 1.711%

• Norte: 1.586%

• Simón Bolívar: 1.333%

• CAI La Victoria: 1.067%

“Estamos hablando de niveles que no solo son indignos, sino inhumanos, constituyendo trato cruel, inhumano y degradante”, señaló Marín, quien reiteró que estas personas no deberían permanecer en estos centros, pero la falta de capacidad instalada agrava la crisis.

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Impacto en la seguridad de Barranquilla

El Personero Distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, también expresó su preocupación ante la dimensión de la problemática, recordando que esta situación ha sido denunciada durante varios años sin que se registren avances significativos.

“En los establecimientos carcelarios, el hacinamiento supera el 50%, con excepción del Buen Pastor. En las estaciones de Policía, algunas superan el 1.000%, y en promedio están entre el 400 y 500%”, indicó Alzate.

Según el personero, estas cifras tienen un impacto directo en la seguridad ciudadana:

“Estas condiciones inciden en la seguridad de Barranquilla, porque desde las mismas cárceles se delinque. Además, no hay resocialización; cuando las personas pagan sus penas o salen, reinciden. Y peor aún: hoy no hay espacios para privar de la libertad a quienes son capturados.”

Alzate advirtió que la Policía captura a personas con hasta cinco anotaciones, pero ante la falta de cupos, recuperan la libertad en pocas horas, lo que agrava la percepción de inseguridad y dificulta la acción judicial.

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Fugas y violación sistemática de derechos humanos

El personero también se refirió a la fuga ocurrida recientemente en el municipio de Soledad, señalando que el hacinamiento y las condiciones precarias son el caldo de cultivo para este tipo de hechos.

“Hay una infraestructura precaria, hacinamiento extremo y violación sistemática de derechos humanos en estos espacios. Todo esto favorece las fugas y obstaculiza la resocialización. Estamos ante un escenario declarado por el propio Estado colombiano como un Estado de cosas inconstitucional, y no vemos una ruta clara para su solución en el corto ni mediano plazo”, afirmó Alzate.

Pese a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, tanto la Defensoría como la Personería insistieron en la urgencia de adoptar medidas estructurales que mitiguen esta problemática que afecta la dignidad humana, la seguridad ciudadana y la integridad del sistema carcelario en Barranquilla y el Atlántico.