Cerrejón rechaza bloqueos y advierte impacto a trabajadores y comunidades de La Guajira

La empresa Cerrejón, una de las empresas mineras más importantes del país ha denunciado en varias ocasiones, los bloqueos que se registran en la línea férrea y en la entrada a la mina por cuenta de comunidades indígenas wayúu, que en su gran mayoría, exige consulta previa y apropiación de territorios.

La multinacional denunció que durante las últimas semanas han enfrentado múltiples bloqueos, lo cual ha impedido la entrada y salida del personal, el transporte de material e insumos críticos desde la mina hacia Puerto Bolívar, y la circulación del Tren del Agua que suministra agua potable a las comunidades aledañas.

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“Es muy preocupante la situación que enfrentamos: hoy tenemos dos bloqueos activos, uno en la línea férrea y otro en la mina. El miércoles finalizó un bloqueo de dos días en nuestra entrada principal y, la semana pasada, vivimos otro de cuatro días en la línea férrea”, dijo Luis Marulanda, vicepresidente de asuntos públicos y comunicaciones de Cerrejón.

“Estos hechos, no solo afectan el desarrollo de nuestras operaciones, sino que ya están generando desesperación en comunidades, trabajadores y autoridades, y han derivado en situaciones que nos preocupan seriamente”, indicó.

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Es de mencionar que, una de las comunidades manifestantes, impidió el acceso a uno de los trabajadores, hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad, el momento en el que fue agredido al intentar ingresar al complejo carbonífero en el municipio de Albania.

“Afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud y bajo seguimiento médico. Cerrejón rechaza de manera categórica cualquier hecho que atente contra la integridad de las personas: empleados, contratistas, familiares o comunidades, y reitera su compromiso con la seguridad de todos”, indicó el funcionario de la compañía.

Cerrejón asegura que, los bloqueos constantes ponen en riesgo el normal funcionamiento de la compañía y afectan de manera directa a más de 13.000 trabajadores y sus familias. Argumenta que la situación también impacta a las comunidades, al limitar la capacidad de la empresa para desarrollar proyectos de inversión social, a La Guajira y al país.