La Fiscalía pide cárcel
La petición la hizo el ente investigador en el marco de los alegatos de conclusión del juicio que se adelanta ante un juez de Cartagena. En 2015, la Fiscalía imputó el delito de prevaricato por acción en contra de los dos señalados.
Cortesía//Concejo de Cartagena
3 Ago 2020 07:54 AM

La Fiscalía pide 'cana' para César Pión y Américo Mendoza por presunto acto de corrupción en el año 2012

Orlando
Ramos Esalas
@ramosesalas
Al parecer ordenaron irregularmente el reajuste de honorarios de sus colegas concejales en el año 2012.

La Fiscalía General de la Nación Seccional Bolívar, a través de un comunicado dio a conocer que solicitó condena en establecimiento carcelario en contra de Américo Mendoza Quesepp y César Pión González, exconcejal y concejal actual de Cartagena, debido a que al parecer ordenaron irregularmente el reajuste de honorarios de sus colegas concejales en el año 2012.

La petición la hizo el ente investigador en el marco de los alegatos de conclusión del juicio que se adelanta ante un juez de Cartagena. En 2015, la Fiscalía General imputó el delito de prevaricato por acción en contra de los dos señalados, por haber actuando en su momento como presidente y vicepresidente de la corporación.

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El material probatorio recaudado en la investigación por la Fiscalía, indica que, para el año 2012, César Pión González y Américo Mendoza Quesepp, fungiendo como presidente y vicepresidente del Concejo Distrital de Cartagena, respectivamente, tenían la potestad para estudiar la solicitud de pagar los honorarios que se adeudaban a concejales y exconcejales por años anteriores.

Sin embargo, y según se dio a conocer durante las audiencias, los dos concejales emitieron 35 resoluciones, una por cada cabildante, reconociendo salarios, prestaciones y otros derechos devengados, a pesar de que en el presupuesto del 2012 no hubiera una asignación específica para ello. El total de la deuda ascendía a $7.609.425.280.

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Al parecer, en dos oportunidades, los hoy investigados solicitaron citas con el alcalde electo de la época para conseguir su apoyo, pero este se habría negado porque el presupuesto ya estaba asignado para otras obligaciones distritales. Sin embargo, a través de la Resolución del 4 de junio del 2012 se ordenó el pago de lo adeudado a las 35 personas, sin contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

De acuerdo al comunicado expedido por la Fiscalía Genereal de la Nación, para el próximo 15 de septiembre se ha programó la audiencia de lectura de fallo, que de ser en contra del concejal César Pión, actual cabildante, se le podría 'embolatar' su curul en la corporación.