Juez condenando
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21 Jun 2021 03:04 PM

Condenan a exalcaldes (e) de Becerril (Cesar) por millonaria defraudación en proyecto VIS

María Alejandra
Vence
procesados aceptaron los cargos por los delitos de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimento de los requisitos legales.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar condenó a Soraya Cristina Pinto Borrego y a Gregorio Ignacio García Cárcamo, exalcaldes encargados del municipio de Becerril, (Cesar) a más de 79 meses de prisión, tras ser hallados responsables de los delitos de peculado por apropiación, agravado y contrato sin cumplimento de los requisitos legales en un proyecto de vivienda de interés social. 

Por estos hechos, también fueron sentenciados Edna María Henríquez Arellanos, representante legal de la unión temporal Inversumnistros Samil, quien tenía la responsabilidad del desarrollo administrativo, Sergio Rafael Acosta Díaz a título de intervinientes al igual que la hermana de la alcaldesa titular de la época Darlyn Bueno Contreras quien fue condenada a más de 64 meses de prisión.

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Los procesados aceptaron los cargos por los delitos de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimento de los requisitos legales. 

En diciembre de 2010 Pinto Borrego, como alcaldesa (e) de la localidad, celebró un acuerdo con la unión temporal con el objeto de construir 180 viviendas de interés social tipo 1; el municipio aportaría $3 mil millones de pesos y concedería subsidio a 100 familias por más de $25 millones de pesos.

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No obstante, en abril del 2011 Gregorio García Cárcamo, también como alcalde encargado de Becerril, modificó parcialmente el acuerdo suscrito por Pinto Borrego y dispuso que el terreno ofrecido en donación, fuera cambiado por uno de menor extensión, aduciendo que el primer lote no era apto para la construcción.

Así mismo, En agosto del mismo año García Cárcamo, adicionó al proyecto más de $180 mil millones de pesos con el pretexto de adelantar obras urbanísticas, alcanzando la cuantía de más de $3 mil millones de pesos.

La fiscalía indicó que “el cambio de terreno ‘Tierra Santa’, tuvo como aspecto defraudador la compra del segundo lote ‘La Esperanza’, propuesto para el proyecto, se adelantó con un representante de la unión temporal por $210’000.000 millones de pesos. El dinero de la compra fue aportado por el municipio, lo que muestra que el compromiso de la unión temporal no fue satisfecho”.

Asimismo, solo se construyeron 100 viviendas de mala calidad a tal punto que no cumplieron con las normas urbanísticas.