Mesa de trabajo en la Gobernación del Magdalena.
23 Dic 2025
01:35 PM
Defensoría advierte de nuevo sobre riesgo inminente de violencia armada en la Sierra Nevada
Veintiún municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar, incluida sus tres capitales, están en riesgo por la disputa de rutas del narcotráfico.
La Sierra Nevada de Santa Marta vuelve a encender las alarmas nacionales. La Defensoría del Pueblo lanzó un nuevo llamado urgente al Estado colombiano para que actúe de manera inmediata y coordinada frente a los riesgos de confrontación armada que amenazan a comunidades enteras en esta región estratégica del Caribe.
El pronunciamiento se dio durante la tercera sesión plenaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), convocada por el Ministerio del Interior, en el marco de la Alerta Temprana 020 de 2025.
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Según la entidad de derechos humanos, al menos 21 municipios de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar se encuentran en riesgo por la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales que buscan controlar corredores del narcotráfico.
Entre los territorios señalados figuran ocho municipios del Magdalena: Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo. En La Guajira, el riesgo se extiende a Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, mientras que en el Cesar están en alerta Valledupar, El Copey, Bosconia, El Paso y Pueblo Bello.
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La Defensoría advirtió que la confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) podría escalar rápidamente si no se activan acciones preventivas reales y sostenidas.
El riesgo, según la entidad, no es hipotético, sino que está latente y amenaza con traducirse en desplazamientos, confinamientos, reclutamiento forzado y ataques contra la población civil.
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El informe identifica como especialmente vulnerables a los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka, además de comunidades afrodescendientes, campesinas y pescadores artesanales ancestrales.
También están en riesgo líderes comunales, juntas de acción comunal, personas defensoras de derechos humanos, niñas, niños y adolescentes, así como poblaciones históricamente estigmatizadas, incluidas personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y el pueblo rrom.
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En total, la Defensoría formuló 38 recomendaciones dirigidas a entidades clave del orden nacional y territorial, entre ellas el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación, las gobernaciones de Magdalena, La Guajira y Cesar, el ICBF, la UNP y los sectores de educación y derechos humanos.
"La protección de los derechos humanos no admite dilaciones", insistió la Defensoría, al advertir que la ausencia de una respuesta anticipada y articulada del Estado puede convertir los riesgos actuales en daños irreparables para las comunidades y el territorio.
