Procuraduría pide inspección urgente por posibles afectaciones a bañistas en playas de Santa Marta

Ante denuncias de casos de brotes cutáneos en adultos y niños que se habrían presentado tras bañarse en algunas playas de la capital del Magdalena, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades ambientales y de salud una evaluación urgente de la calidad del agua en sectores clave del litoral samario.

El ente de control pidió específicamente al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y a la Secretaría de Salud Distrital revisar las condiciones ambientales y sanitarias de balnearios como la Bahía de Santa Marta, Taganga, El Rodadero, Puerto Gaira, Playa Salguero, Pleno Mar y Bello Horizonte.

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Según la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la actuación preventiva se fundamenta en reportes técnicos de la red de monitoreo ambiental marino-costero, así como en información divulgada por medios de comunicación que alertaron sobre afectaciones en la piel de bañistas luego del contacto con el agua.

El objetivo del requerimiento es establecer si estos espacios cumplen con las normas de calidad para uso recreacional y si son aptos para el contacto primario (como el baño) y secundario, en términos de salud pública y calidad ambiental.

La situación revive preocupaciones sobre la sostenibilidad de las playas más concurridas de Santa Marta, una ciudad que recibe miles de turistas cada mes y cuya economía depende en gran parte del turismo. No es la primera vez que se reportan afectaciones relacionadas con la contaminación marina. En temporadas pasadas, entidades académicas y organizaciones ambientales han advertido sobre la presencia de vertimientos de aguas residuales sin tratamiento adecuado en cuerpos de agua que desembocan en el mar Caribe.

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A pesar de esfuerzos institucionales para mejorar la infraestructura de saneamiento, persisten retos estructurales como la ausencia de plantas de tratamiento eficientes, el descontrol sobre descargas ilegales y la urbanización acelerada en zonas costeras.

La Procuraduría advirtió que, en caso de encontrar irregularidades, podrían derivarse actuaciones disciplinarias para establecer responsabilidades por eventuales omisiones institucionales.